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La reciente tipificación de la violencia vicaria en el Código Penal de San Luis Potosí representa un hito importante en la lucha contra la violencia intrafamiliar, pero plantea una serie de preguntas sobre nuestra preparación como sociedad para afrontar esta forma de agresión. Este delito, que utiliza a los hijos como instrumentos de daño hacia la madre, revela un rostro aterrador de la violencia que, aunque reconocido legalmente, sigue siendo un desafío crítico en su implementación y comprensión.
Yes que sabrá usted amigo lector, la capacidad del Estado para poder dirimir una situación que está lejos de ser nueva, más allá una situación que no era denunciada o simplemente no era delito, así muchas mujeres y hombres vivieron por generaciones las consecuencias de la violencia que surgió de un amor terminado, de una relación destruida, y con consigo también abrió el nemesis de muchas familias rotas.
El caso de Alan Carrera Gómez, un niño de tres años que fue sustraído por su padre y recuperado tras un operativo policial, ilustra la urgencia de abordar esta problemática. La reacción rápida y organizada de la comunidad, que incluyó bloqueos y movilizaciones, resalta la necesidad de un enfoque colectivo para enfrentar la violencia vicaria. Sin embargo, también expone la fragilidad de nuestra respuesta institucional. La movilización ciudadana, aunque necesaria, no debería ser el primer recurso ante una crisis que las autoridades deben manejar con eficacia.
A pesar de que la legislación establece sanciones de dos a ocho años de prisión, así como la pérdida de derechos paternos, la implementación de estas medidas enfrenta serias dificultades. La Fiscalía General del Estado se encuentra en un proceso de distinción entre la violencia vicaria y otros delitos como la sustracción ilegal de menores, lo que puede complicar la atención a los casos y dejar a muchas víctimas sin la protección que necesitan. Esto plantea la pregunta: ¿estamos realmente preparados para ofrecer a las víctimas el apoyo y la justicia que merecen?
Además, la violencia vicaria no se limita solo a la sustracción de menores o a la manipulación emocional. Incluye una gama de acciones que pueden desestabilizar la vida de una madre, afectando no solo su bienestar físico, sino también su salud mental y emocional. La presión social y la violencia institucional que muchas mujeres enfrentan al intentar recuperar la custodia de sus hijos son aspectos que requieren atención urgente. La comunidad y las autoridades deben colaborar para crear un entorno en el que las mujeres puedan sentirse seguras al denunciar y buscar ayuda.
El reciente reconocimiento de esta forma de violencia es un paso en la dirección correcta, pero debemos ir más allá de la mera existencia de leyes. Es fundamental que se implementen programas de sensibilización y formación para el personal de la Fiscalía, así como para los cuerpos policiales, para que comprendan la gravedad y las particularidades de la violencia vicaria. Solo así podremos garantizar que las víctimas reciban el apoyo que necesitan, y que los agresores enfrenten las consecuencias de sus actos.
La violencia vicaria es un desafío que no solo involucra a las instituciones, sino que también requiere un cambio en la percepción social. Debemos reconocer que la violencia intrafamiliar no es un problema privado; es un asunto público que necesita ser abordado desde múltiples frentes. La lucha por una vida libre de violencia debe ser un esfuerzo conjunto, donde la voz de la comunidad sea escuchada y valorada.
En conclusión, aunque la tipificación de la violencia vicaria en San Luis Potosí es un avance significativo, nos queda un largo camino por recorrer. La preparación de la sociedad para enfrentar estos desafíos no solo depende de la legislación, sino de una transformación cultural que priorice la protección de las víctimas y la educación sobre la violencia en todas sus formas. ¿Estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad colectiva? O ¿usted que cree?
HASTA LA PRÓXIMA.
