Luego del aval de 19 Congresos locales, la Cámara de Diputados realizó la declaratoria constitucional del Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
En el Pleno se informó del aval de las Legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y de la Ciudad de México
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, instruyó el turno de la reforma al Senado.
La reforma modifica tres artículos de la Constitución luego que el PT en el Senado logró que se excluyera del proyecto originalmente enviado por la Presidenta los cambios que buscaban adelantar la revocación de mandato y empatarla con las elecciones intermedias de 2027.
El Plan B módica los artículos 115, 116 y 134 constitucionales. Topa en 15 el número de regidurías en los Ayuntamientos y, además, establece que éstas deberán ser asignadas bajo los principios de paridad de género.
Plantea que los recursos anuales de los Congresos locales no excedan el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente y que los consejeros electorales, magistrados electorales, así como titulares de secretarías, órganos administrativos y áreas ejecutivas y técnicas del INE, no ganarán más que la Presidenta de la República.
Tampoco podrán obtener más los funcionarios de organismos electorales y Tribunales Electorales locales, ni podrán contratar o adquirir con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley.
Agrega que, a partir de 2027, el presupuesto del Senado deberá ajustarse durante los próximos cuatro años hasta alcanzar una reducción acumulada de 15 por ciento en términos reales, con respecto su presupuesto de 2026.
Indica también que los ahorros derivados de las reformas en materia de Ayuntamientos y Congresos locales se quedarán en las haciendas de los municipios y de los estados y deberán ser destinados a obras de infraestructura pública.
