Dos proveedores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que incumplieron con un contrato asignado en 2022 fueron inhabilitados por cuatro meses por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).
En un comunicado, la dependencia informó que se trata de Soluciones Militares y Tácticas Superior, S.A. de C.V. y West Armor, Inc., a las que además les impuso una sanción económica de 236 mil 527 pesos.
"La sanción deriva del incumplimiento del contrato número D.G.ADMÓN.SAE-291/F/2022, adjudicado a ambas empresas como resultado de su participación conjunta en la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados número LA-007-000999-E818-2022", indicó.
De acuerdo con los registros de la Sedena, el contrato fue para la "adquisición de armamento menos letal y agentes químicos, competencia de la Dirección General de Materiales de Guerra" por un monto de 71.1 millones de pesos, que debía ser ejecutado entre el 29 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023.
En la notificación publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SABG extendió la inhabilitación a los representantes legales de las compañías sancionadas.
"En caso de que el día que se cumpla el plazo de la inhabilitación, las empresas de participación conjunta 'Soluciones Militares y Tácticas Superior, S.A. de C.V.' y 'West Armor, Inc.' y las personas físicas que las representaron, los ciudadanos Anakaren García Sifuentes y Luis Aguirre León, no hayan pagado la multa impuesta antes citada, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma", advirtió.
García Sifuentes, quien es la representante legal de Soluciones Militares y Tácticas Superior, fue regidora priista del municipio de Monterrey, Nuevo León, de 2015 a 2018.
La SABG aseguró que las medidas se emitieron conforme a la ley, considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.
"Las empresas tienen derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público", indicó.
