Las fallas en torno a la Alerta Nacional de Búsqueda complicarían la localización de desaparecidos, además de que muestra el problema estructural en la integración de la información.
"Preocupa que el número de identificación de las carpetas de investigación que ha aparecido en las cédulas de búsqueda dadas a conocer mediante la Alerta Nacional no sea sistemático.
"A diferencia de los números que muestran otras Fiscalías del País, que claramente indican que se trata de casos ocurridos en 2026, el número secuenciado y la dependencia que abrió la carpeta, los de Jalisco solo indican que son de 2026 y luego se usan números diversos, que claramente no son sucesivos y que parecen remitir a contabilidades que no están unificadas", advirtió Jorge Ramírez, investigador de la Universidad de Guadalajara.
Las fallas aparecen justo en un instrumento que, según el propio protocolo federal, se sostiene en la trazabilidad, la automatización y la integridad de los datos.
En el papel, la Alerta Nacional promete un sistema con control de registros, seguimiento en tiempo real y verificación de información. En la práctica, al menos en Jalisco, los casos exhiben lo contrario: desorden en la base misma del sistema.
El problema conecta con cuestionamientos más amplios sobre la forma en que el Estado registra, clasifica y administra la información de personas desaparecidas.
Organizaciones de derechos humanos como Fundar, Data Cívica, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Elementa, Justicia pro Persona, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Global Exchange, Voces Mesoamericanas y Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana han advertido que las deficiencias en los registros no son errores técnicos aislados, sino parte de un problema estructural que impacta directamente en la búsqueda.
Han señalado que reducir la crisis a un asunto administrativo o de depuración de bases de datos puede traducirse en invisibilización de casos y en simulación institucional, especialmente cuando no hay claridad en las metodologías ni en la integración de la información.
También han cuestionado que las fallas en registros recaigan en las familias, cuando la responsabilidad de documentar correctamente cada caso corresponde a las autoridades.
Héctor González, quien es vocero del Colectivo Luz de Esperanza Jalisco, señaló que no sólo existen fallas en las fichas que cargan las Fiscalías, sino que el sistema en sí todavía no funciona.
"Desgraciadamente a veces hay errores por parte de las fiscalías estatales a la hora de cargar la información, pero me parece que también el sistema todavía no está al 100 por ciento.
"Creo que es un tema que se tiene que arreglar, subsanar a la brevedad. No se puede estar mandando ni con estas fantasías de que son los grandes avances del Gobierno Federal y mandarlos todavía a prueba y error".
