La falta de transparencia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) vuelve a colocar en el centro de la polémica al rector Alejandro Zermeño, quien en su campaña prometió convertir a la institución en una “caja de cristal”. A varios años de esa promesa, la realidad apunta en sentido contrario: persisten el hermetismo, la limitada rendición de cuentas y posibles incumplimientos a la ley.
Durante 2026, la universidad mantiene sin publicar las percepciones de su alta burocracia, integrada por el rector, secretarios, la abogada general y otros funcionarios de primer nivel. Una revisión a la Plataforma Estatal de Transparencia evidencia que sí se difunden los salarios de personal administrativo, docentes y directivos de menor rango, pero la información desaparece cuando se trata de la cúpula.
En contraste, algunos ingresos sí están disponibles. Destaca el caso de Karla Francisca Pantoja, titular del Órgano Interno de Control, con un salario bruto mensual de 121 mil 952 pesos y un neto de 78 mil 929 pesos. También aparece Benjamín Jiménez, de la Dirección de Atención a Procesos de Fiscalización, con percepciones brutas de 106 mil 795 pesos y netas de 66 mil 343 pesos.
Asimismo, resalta Luis Enrique Vera Noyola, titular de la Unidad de Transparencia, quien percibe 84 mil 600 pesos brutos y 51 mil 542 netos, una de las remuneraciones más elevadas para un cargo similar en el estado.
La situación refleja una contradicción: mientras la UASLP presume apego a la legalidad, mantiene en reserva la información de sus principales funcionarios. Lejos de consolidarse como una institución abierta, la universidad proyecta un esquema selectivo de transparencia que deja en la sombra a quienes deberían dar el ejemplo.
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