Este nivel de impunidad implica que 9 de cada 10 casos no logran una solución efectiva, lo que refleja no solo la incapacidad institucional para sancionar los delitos, sino también una profunda crisis de confianza en las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia.
Un sistema que no resuelve
El diagnóstico presentado por la organización civil señala que la impunidad es consecuencia directa de un sistema que no logra cumplir con sus funciones básicas: investigar, procesar y sancionar. Aunque se inician carpetas de investigación, una gran parte de los casos no avanza hacia una resolución real.
En términos prácticos, esto significa que solo una minoría de los delitos denunciados termina en sentencias, acuerdos reparatorios o mecanismos que realmente atiendan el daño causado, mientras que la mayoría queda atrapada en procesos inconclusos o decisiones administrativas que no garantizan justicia.
Justicia de papel
El estudio advierte que muchas de las salidas que utilizan las autoridades no representan soluciones efectivas. Entre ellas destacan el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, figuras que permiten cerrar expedientes sin llegar al fondo de los casos.
Estas prácticas generan una simulación institucional, ya que si bien los casos se registran como atendidos, en realidad no se resuelven. Para las víctimas, esto se traduce en impunidad, falta de reparación del daño y, en muchos casos, revictimización. Además, el informe destaca que el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, que podrían contribuir a resolver conflictos de manera más ágil, sigue siendo limitado en gran parte del país.
Impunidad más allá de las cifras
A este panorama se suma la llamada cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian. A nivel nacional, el 93% de los delitos no llega a conocimiento de las autoridades, principalmente por desconfianza en las instituciones o por la percepción de que denunciar no sirve de nada. Este dato sugiere que la impunidad real podría ser incluso mayor a la que reflejan las estadísticas oficiales, ya que millones de casos ni siquiera entran al sistema de justicia. En estados como San Luis Potosí, esto profundiza la brecha entre la incidencia delictiva real y la capacidad institucional para atenderla.
Un problema estructural
El análisis de México Evalúa apunta a fallas estructurales que explican este fenómeno. Entre ellas se encuentran la falta de capacidades de investigación, la sobrecarga de trabajo en fiscalías, la escasa coordinación entre policías, ministerios públicos y tribunales, así como deficiencias en la gestión de los casos.
También se identifica un rezago acumulado en carpetas de investigación y procesos judiciales que impide que los nuevos casos avancen con rapidez, generando un efecto de saturación que limita aún más la efectividad del sistema. A nivel nacional, incluso las entidades con mejores resultados mantienen niveles elevados de impunidad, lo que confirma que se trata de una crisis generalizada del sistema de justicia penal en México.
Un cambio urgente
Frente a este escenario, el informe plantea la necesidad de transformar el modelo de justicia, pasando de uno centrado en la acumulación de expedientes a otro orientado a la resolución efectiva de los casos.
Entre las recomendaciones se encuentran mejorar la calidad de las investigaciones, fortalecer la coordinación institucional, ampliar el uso de mecanismos alternativos y reducir el uso de salidas que no generan justicia real.
México Evalúa sostiene que la impunidad no es inevitable, pero advierte que, sin cambios de fondo, el sistema continuará fallando a la mayoría de la población. En el caso de San Luis Potosí, las cifras dejan claro que el acceso a la justicia sigue siendo una deuda pendiente para miles de víctimas.
.gif)
