El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que ya pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) gestionar una ficha roja de Interpol contra el ex Mandatario estatal Silvano Aureoles, a quien ubicó presuntamente fuera de México, en medio de las investigaciones penales abiertas en su contra.
"Por eso yo he solicitado a la Fiscal Ernestina Godoy que gire todas estas solicitudes de apoyo a Interpol, todos los países con los que tenemos acuerdos en materia de justicia para girar la ficha roja y ahora se acumula esta otra orden de aprehensión por el delito de homicidio", dijo el morenista en un mensaje a medios.
"Esta última orden de aprehensión si la giró un juez penal de Michoacán, entonces tenemos una orden de aprehensión federal y una orden de aprehensión local que hay que cumplimentar (...) gran coordinación con la FGR con la SSPC federal para dar con el paradero y detener, cumplimentar la orden de aprehensión, es una prioridad para nosotros, que se haga justicia", añadió.
El ex Gobernador perredista es buscado, primero, por el caso Arantepacua, en el cual un juez giró orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, a casi nueve años del operativo del 5 de abril de 2017 en esa comunidad purépecha de Nahuatzen, donde murieron cuatro personas y decenas más resultaron heridas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había documentado violaciones graves en esos hechos y emitió en 2020 la recomendación 42VG/2020 contra el entonces Gobernador Silvano Aureoles y la Fiscalía de Michoacán por vulneraciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, al derecho de reunión y al interés superior de la niñez.
Aureoles también arrastra un frente federal por presunto daño patrimonial derivado de operaciones irregulares para arrendar, mantener y después adquirir siete cuarteles policiacos durante su sexenio.
Ese caso lo vincula con acusaciones por peculado, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, en una investigación que colocó el quebranto por alrededor de 3 mil 600 millones de pesos.
A estas acusaciones se suman las versiones de autoridades locales respecto a la hipótesis de que el ex Gobernador fue ayudado por el CJNG para salir del País.
