San Luis Potosí, SLP.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó, por mayoría de 20 votos a favor y cuatro en contra —estos últimos de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN)—, la minuta de reforma constitucional en materia de disciplina financiera y austeridad. Con esta votación, San Luis Potosí se convierte en una de las primeras entidades en ratificar las modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Federal, orientadas a eliminar privilegios en la administración pública.
El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que el dictamen establece límites estrictos al gasto institucional, con el fin de evitar el dispendio y redirigir los recursos hacia necesidades sociales prioritarias.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma impacta directamente en la estructura de los ayuntamientos a nivel nacional. Se establece un tope máximo de hasta 15 regidores por municipio en todo el país. La integración de estos cuerpos colegiados deberá garantizar estrictamente la paridad de género, la igualdad sustantiva y la perspectiva de género.
La reforma también impone un "techo" presupuestal a los Congresos locales, dictando que el presupuesto anual de las legislaturas no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de su respectiva entidad federativa. Aquellos órganos que ya operen por debajo de este límite no podrán incrementarlo, salvo ajustes inflacionarios.
En cuanto a la alta burocracia, especialmente en el ámbito electoral, el dictamen regula las remuneraciones de consejeros, magistrados y titulares administrativos que advierte que ningún funcionario podrá percibir ingresos superiores a los del titular del Ejecutivo Federal. Y quedan prohibidos los seguros médicos privados, fondos especiales de retiro y cualquier prestación no contemplada expresamente en la ley.
Arreola Mallol puntualizó que los recursos excedentes generados por estas medidas de austeridad no podrán ser utilizados discrecionalmente. Por ley, deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura pública tanto estatal como municipal, con el objetivo de fortalecer el desarrollo urbano y social.
Finalmente, el legislador afirmó que esta reforma busca corregir "desigualdades históricas" en el ejercicio del dinero público, consolidando una disciplina presupuestaria que devuelva legitimidad a las instituciones democráticas frente a la ciudadanía.
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