San Luis Potosí, SLP.- El Congreso del Estado tiene un impedimento legal y financiero para llevar a cabo las consultas indígena y de discapacidad, ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a la falta de recursos y a la imposibilidad de solicitar una ampliación presupuestal, derivado de la aprobación del llamado "Plan B", reconoció el diputado Héctor Serrano Cortés, integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Poder Legislativo.
Explicó que, de acuerdo con estimaciones del área de finanzas, la consulta indígena tendría un costo aproximado de entre 12 y 14 millones de pesos, mientras que la consulta en materia de discapacidad oscilaría entre 4 y 6 millones, lo que en conjunto representa una necesidad de entre 18 y 20 millones de pesos.
Sin embargo, el legislador destacó que el Congreso se encuentra legalmente impedido para gestionar recursos adicionales, derivado de disposiciones recientes del "Plan B" que prohíben incrementos presupuestales de los Congresos Locales; advirtió que el proceso podría quedar detenido en su fase inicial, ya que uno de los requisitos fundamentales es contar con suficiencia presupuestaria para avanzar.
Ante este escenario, indicó que el área jurídica del Congreso buscará diálogo con la SCJN para encontrar una alternativa que permita cumplir con la sentencia sin violar las restricciones legales en materia presupuestaria, "el problema es que no contamos con el dinero. Ya cumplimos con los tiempos y con la constitución del ente consultante, pero necesitamos una salida jurídica que nos permita avanzar”, expresó.
Finalmente Serrano Cortés señaló que se analizará la posibilidad de ajustar algunos mecanismos del proceso, siempre y cuando exista aval de la Corte y aceptación de las comunidades involucradas, lo cual también representa un reto debido a la complejidad del tema.
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