San Luis Potosí, SLP.- Con la reciente publicación de la reforma constitucional en el Periódico Oficial del Estado (POE), ha comenzado formalmente el proceso de transición que culminará con la extinción de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). El organismo, que durante décadas ha vigilado la transparencia en la entidad, cederá sus funciones a un nuevo esquema institucional adscrito al Poder Ejecutivo y órganos internos de control.
El decreto, que entró en vigor el pasado 2 de abril, activa un plazo de 120 días naturales para que el Congreso del Estado elabore y apruebe las leyes secundarias. Este marco legal será el que defina las reglas de operación, alcances y facultades del sistema que sustituirá al actual órgano autónomo.
Mientras se desarrolla el proceso legislativo, la CEGAIP mantendrá sus funciones de manera provisional. Su desaparición formal ocurrirá únicamente cuando entren en vigor las nuevas disposiciones. Bajo este nuevo modelo, el Poder Ejecutivo asumirá la responsabilidad de la transparencia a través de una instancia vinculada a la Contraloría General del Estado, mientras que los demás poderes y organismos autónomos ejercerán la supervisión mediante sus propios órganos internos de control.
Para articular este esfuerzo, la reforma contempla la creación de un Subsistema Estatal de Transparencia. Dicho ente tendrá la tarea de coordinar a las autoridades, unificar criterios y evaluar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
La transición estipula que la totalidad de los recursos financieros, plataformas tecnológicas y funciones actuales de la CEGAIP serán transferidos a las instancias que designe la ley secundaria. En lo que respecta a la estructura humana del organismo, el decreto establece dos rutas:
Comisionados: Concluirán su encargo de manera definitiva una vez vigente el nuevo marco legal.
Personal operativo: La reforma garantiza el respeto a sus derechos laborales, aunque su posible incorporación a las nuevas áreas dependerá de los criterios que establezca el Congreso en los próximos meses.
Con este movimiento, San Luis Potosí se encamina a una transformación profunda de su sistema de rendición de cuentas, en un periodo de transición que aún mantiene pendientes definiciones críticas sobre la autonomía y eficacia del nuevo modelo de vigilancia.
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