Cuando la democracia se queda sin ciudadanos
Las democracias no se desgastan solo cuando se alteran las reglas; también se vacían cuando la ciudadanía deja de ejercer su papel y se acostumbra a ser espectadora. Ese es uno de los dilemas más delicados de México: tenemos elecciones regulares, partidos, campañas, instituciones y una participación que, en números agregados, no es despreciable —la presidencial de 2024 registró 61.04 % de participación ciudadana—, pero eso no siempre equivale a una ciudadanía activa, informada y exigente.
Votar no es lo mismo que participar. Y participar no es lo mismo que deliberar.
La paradoja mexicana: se vota, pero se participa poco
La Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) existe precisamente porque el problema ya no es solo electoral, sino cívico: valores, prácticas y vínculos entre personas e instituciones. En paralelo, la ENCIG 2023 del INEGI sigue mostrando que la percepción de corrupción y el bajo aprecio por varias instituciones públicas continúan como lastres del vínculo ciudadano con el Estado.
Es decir, la democracia mexicana produce votantes con cierta regularidad, pero no necesariamente ciudadanos involucrados de manera cotidiana. Y cuando eso ocurre, el espacio público se vuelve terreno fértil para la apatía, la dependencia y la sustitución del juicio por la lealtad.
La democracia programática y la democracia transaccional
Aquí aparece un punto incómodo, pero necesario. Las políticas sociales son legítimas y, bien diseñadas, son indispensables. Una beca, una pensión o un apoyo no son en sí mismos clientelismo; pueden ser derechos, instrumentos de redistribución y mecanismos de justicia social. El problema surge cuando, en la práctica política, esos beneficios se convierten en una relación de dependencia simbólica o electoral, donde el voto deja de ser evaluación de propuestas y pasa a parecerse a una reafirmación de gratitud, temor o fidelidad.
La literatura académica mexicana ha estudiado esto con bastante claridad. Un trabajo publicado en Política y Gobierno explica que en México las estrategias clientelares se modernizaron y se integraron a campañas de contacto directo, ya no solo a través de viejas maquinarias partidistas, sino mediante tácticas focalizadas y personalizadas.
Más recientemente, un estudio de Foro Internacional de El Colegio de México sostiene que durante el sexenio 2018-2024 hubo una centralización del clientelismo, con un papel relevante de los “Servidores de la Nación” en la afiliación de millones de personas a padrones de programas y en tareas político-electorales; la autora distingue además entre programas sociales con reglas claras y prácticas clientelares, que son otra cosa.
La diferencia es crucial: una política social universal y transparente fortalece ciudadanía; una relación política donde el apoyo se percibe como favor personal o como vínculo de obediencia puede debilitarla.
La ciudadanía que se delega
Cuando el voto se vuelve costumbre sin reflexión, la democracia se parece menos a una deliberación colectiva y más a una administración periódica de mayorías. Y cuando además la conversación pública se encierra en el beneficio inmediato, las ideologías, los programas de gobierno y la evaluación de resultados se vuelven secundarios.
Ahí es donde la ciudadanía se ausenta. No necesariamente porque no acuda a las urnas, sino porque renuncia a exigir, comparar, informarse y cuestionar. Es la democracia de la presencia física sin presencia cívica.
El dato duro sobre confianza y partidos
La desafección es medible. Latinobarómetro 2024 muestra que, en la región, la confianza en los partidos políticos sigue siendo muy baja, y el debate sobre la calidad de la democracia se mueve entre apoyo abstracto y escepticismo concreto. En México, ese mismo estudio reportó una satisfacción con la democracia de 50 %, la más alta de la serie histórica desde 1995, un dato que convive con la baja confianza partidista y revela una paradoja: puede haber aprobación del resultado político sin que exista una robusta cultura cívica en sentido estricto.
Dicho de otra manera: una ciudadanía puede sentirse satisfecha con el rumbo general del país y, al mismo tiempo, mantener una relación débil con los instrumentos y actores de la democracia cotidiana.
El voto razonado no nace solo
El voto informado y libre no surge espontáneamente. Necesita educación cívica, discusión pública, información verificable y experiencia asociativa. Necesita escuelas que formen juicio propio, medios que no trivialicen la política y comunidades donde la participación no se agote el día de la elección.
Si no hay formación cívica, el debate se simplifica. Y cuando el debate se simplifica, la política se vuelve una disputa de identidades, afectos y recompensas inmediatas. Eso puede ser muy rentable para los partidos, pero muy costoso para la ciudadanía.
El dato jurídico: ciudadanía, voto y soberanía
Aquí conviene recordar lo esencial. El artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. El artículo 35 reconoce, entre otros, los derechos de la ciudadanía a votar, ser votada y participar en los asuntos públicos. Y el artículo 41 ordena que la renovación de los poderes públicos se realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.
La Constitución no concibe al ciudadano como cliente, beneficiario político o espectador. Lo concibe como titular de soberanía. Esa diferencia es enorme: en el papel, el ciudadano manda; en la práctica, a veces solo ratifica.
Lo que pasa cuando la sociedad organizada se vuelve intermediaria
También conviene mirar a ciertos liderazgos sociales. Hay organizaciones, dirigentes territoriales o grupos intermedios que, en vez de empoderar ciudadanía, terminan administrando lealtades. No siempre ocurre, pero cuando pasa, la política pública se filtra por estructuras que convierten la necesidad social en capital político. Y entonces la ciudadanía no se fortalece: se tuteliza.
Esa es una de las razones por las que la democracia puede parecer muy viva en las campañas y muy ausente el resto del tiempo.
Qué enseñan otros países
La comparación internacional ayuda. En democracias con alta calidad institucional, como Uruguay o varios países europeos, los apoyos sociales tienden a estar más claramente separados de la competencia partidista cotidiana, y la cultura cívica tiene mayores incentivos para la participación informada. En cambio, donde la política se apoya más en vínculos particularistas, la ciudadanía suele ser más vulnerable a relaciones de dependencia. La literatura comparada sobre clientelismo insiste en ello: no es la existencia de programas sociales lo que deforma la democracia, sino el uso político personalizado y opaco de los beneficios.
El riesgo para 2027
Si este proceso continúa, los partidos políticos encontrarán una oportunidad clara: movilizarán más emociones que argumentos, más redes de lealtad que comunidades deliberativas, más fidelidades que convicciones. Y la ciudadanía, si no reacciona, correrá el riesgo de desaprovechar la herramienta más poderosa que tiene: su capacidad de exigir, comparar y castigar políticamente.
Una democracia sin ciudadanos activos no desaparece de golpe; simplemente se vuelve menos exigente consigo misma.
Conclusión: sin ciudadanos no hay democracia suficiente
El problema de México no es que la ciudadanía haya dejado de votar; el problema es que, en muchos espacios, ha dejado de asumirse como ciudadanía. Y cuando el voto se vuelve menos razonado, menos libre en lo simbólico o menos exigente, la democracia se reduce a procedimiento.
La política social debe aliviar carencias, no fabricar obediencias. Los partidos deben convencer, no solo movilizar. Y la ciudadanía debe recordar algo básico: su dignidad democrática no está en recibir, sino en decidir. Porque cuando el ciudadano se ausenta, el sistema sigue funcionando… pero ya no par
Para observar en la semana
Habrá que observar con atención las alianzas políticas que comienzan a perfilarse a propósito del Plan B de la reforma electoral, que busca reducir legisladores plurinominales y disminuir el presupuesto a congresos locales. La discusión se presentará como eficiencia institucional, pero también tendrá efectos sobre la representación y sobre la forma en que los partidos reorganizan sus incentivos de cara a 2027.
En ese contexto, no solo importará qué partidos se alían, sino bajo qué narrativa lo hacen: si para convocar ciudadanía o simplemente para administrar clientelas más grandes.
Nos vemos
