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Congreso local vigilará implementación de la resolución de la SCJN

Debe analizarse a profundidad, especialmente en lo relacionado con la protección de los derechos fundamentales, consideró el diputado Cuauhtli Badillo

San Luis Potosí, SLP.- La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para intervenir cuentas bancarias sin orden judicial, es una medida relevante, aunque debe analizarse a profundidad, especialmente en lo relacionado con la protección de los derechos fundamentales, consideró el diputado Cuauhtli Badillo Moreno presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.
 
El legislador señaló que esta decisión se da en un contexto nacional donde el combate al lavado de dinero y a los recursos de procedencia ilícita se ha convertido en una prioridad, tanto en el ámbito político como en el social y económico. En ese sentido, afirmó que fortalecer las herramientas de la UIF podría contribuir a enfrentar prácticas como el financiamiento ilegal y el llamado “huachicol fiscal”.
 
Badillo Moreno apuntó que esta facultad no está dirigida a la población en general, sino a casos específicos donde existan indicios de irregularidades, por lo que consideró que quienes no estén involucrados en actividades ilícitas no tendrían motivo de preocupación. No obstante, reconoció que la medida debe revisarse. “Es importante revisar de qué manera se va a aplicar para evitar que se vulneren las garantías de las y los ciudadanos”, expresó.
 
El diputado destacó que la votación dividida con la que se aprobó esta resolución refleja precisamente la complejidad del tema y la necesidad de mantener un debate abierto. Por ello, insistió en que será clave dar seguimiento a su implementación para asegurar que exista certeza jurídica en el manejo de las cuentas bancarias.
 
Finalmente, reiteró que, si bien es necesario fortalecer las acciones contra delitos financieros, también se debe garantizar que estas medidas no deriven en abusos, manteniendo un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos de la ciudadanía.
 
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