San Luis Potosí enfrenta un escenario crítico: pese a ser una de las entidades con alta conectividad móvil en el país,.millones de líneas podrían quedar inhabilitadas en los próximos meses por no cumplir con el registro obligatorio vinculado a la CURP, que ha implementado el Gobierno Federal, y que tiene fecha límite de registro el próximo 30 de junio de este 2026.
En este sentido, San Luis Potosí enfrenta un posible escenario crítico en materia de telecomunicaciones, ya que hasta 2.6 millones de líneas móviles podrían quedar fuera de servicio si sus usuarios no cumplen con el registro obligatorio vinculado a la CURP antes de la fecha límite. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el estado cuenta con 107 líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes y 100 líneas de internet móvil por cada 100 habitantes, lo que, considerando una población cercana a los 3 millones de personas, equivale a entre 3.1 y 3.3 millones de líneas activas en el estado.
8 de cada 10 líneas siguen sin registrarse
A nivel nacional, el registro obligatorio de líneas móviles avanza con lentitud, apenas el 18% del total ha sido regularizado. Esto significa que más de 116 millones de líneas, la gran mayoría, siguen fuera del padrón. Al respecto, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, advierte que el ritmo actual es insuficiente y que simplemente “no dan los números” para cumplir en el tiempo establecido. En este contexto, San Luis Potosí no es la excepción. Siguiendo la tendencia nacional, se estima que entre el 70% y el 80% de las líneas en el estado no han sido registradas, lo que equivale a entre 2.2 y 2.6 millones de números en riesgo.
Sin registro, no hay servicio
El punto más delicado es que no se trata de una recomendación, sino de una obligación con consecuencias directas. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha sido clara: no habrá prórroga. Las líneas que no estén registradas serán suspendidas.
Esto implica un corte total del servicio: Sin llamadas, sin mensajes, sin internet móvil, u únicamente permanecerán activas las llamadas de emergencia. En un estado como San Luis Potosí, donde el celular es el principal medio de comunicación, el impacto sería inmediato y generalizado.
Golpe directo a negocios potosinos
El riesgo no es solo individual. En San Luis Potosí, miles de pequeñas y medianas empresas dependen del teléfono móvil para operar. Ventas por WhatsApp, atención a clientes, pedidos, cobros: todo pasa por una línea celular. Una suspensión masiva no sería un simple inconveniente administrativo. Sería un freno económico. Negocios incomunicados significan ventas perdidas, clientes sin respuesta y operaciones detenidas.
El tiempo no alcanza y el sistema puede colapsar
El problema se agrava con el tiempo. Actualmente, se registran poco más de 300 mil líneas al día, pero se necesitaría triplicar esa cifra para cumplir con la meta en el plazo restante. Si los usuarios dejan el trámite para el final, como suele ocurrir, los centros de atención podrían verse rebasados. En San Luis Potosí, esto se traduciría en filas, saturación y miles de personas intentando registrar su línea a contrarreloj.
San Luis Potosí: conectado, pero en riesgo
El estado vive una paradoja: mientras presume altos niveles de conectividad, enfrenta el riesgo de una desconexión masiva. La tendencia nacional indica que los potosinos no están registrando sus líneas al ritmo necesario, lo que podría derivar en un “apagón celular” sin precedentes. De mantenerse el escenario actual, San Luis Potosí no solo sería un estado bien comunicado, sino también uno de los más afectados cuando llegue la fecha límite.
¿Por qué es tan bajo el registro?
El bajo nivel de registro de líneas móviles en México, y que se replica en San Luis Potosí, responde a diversos factores: por un lado, persiste la falta de información clara entre la población sobre la obligatoriedad del trámite; por otro, existe desconfianza respecto al uso de datos personales. A ello se suma que muchos usuarios han optado por postergar el registro, dejándolo para el último momento, mientras que también se han reportado problemas técnicos en plataformas digitales y centros de atención. Además, una parte de la población, estimada en hasta un 8%, no cuenta con documentos actualizados, lo que dificulta completar el proceso.
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