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Niegan presión por desaparecidos

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés), Juan Pablo Albán, remarcó que los integrantes de los órganos de derechos humanos de la ONU no pueden ser sometidos a presiones por Estados parte de convenciones en la materia.
 
El abogado ecuatoriano respondió así a las críticas formuladas por el Gobierno de México, incluyendo las de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a su decisión de considerar que ese delito es ya un "crimen de lesa humanidad" en el País y solicitar que el tema sea abordado en las Asamblea General de la ONU.
 
"Las diferencias jurídicas -e incluso políticas, aunque el asunto no debería politizarse- son comprensibles en el marco del diálogo internacional y la cooperación que debe existir por mandato de la Convención (Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas) entre el CED y los Estados parte", señaló en un pronunciamiento difundido en su cuenta de X.
 
"Sin embargo, es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de los derechos humanos y sus integrantes, en línea con el principio 5 de las Directrices de Addis Abeba sobre la independencia y la imparcialidad de los miembros de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos".
 
Conforme a ese apartado, apuntó, "el principio de independencia requiere que los miembros no podrán estar sometidos a ningún tipo de dirección o influencia ni a presiones del Estado del que sean nacionales ni de ningún otro Estado o de sus organismos".
 
La función del CED, indicó, es supervisar el cumplimiento de la Convención.
"El artículo 34 de la Convención es claro en cuanto al procedimiento. Cuando el Comité recibe información que contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede: 'llevar urgentemente la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General'".
 
Albán rechazó que el análisis del CED sobre la situación en México se haya limitado a un periodo cerrado y no haya tomado en cuenta la evolución de la situación hasta la actualidad.
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