Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, afirmó que en el debate público sobre las desapariciones en México el desacuerdo es legítimo, pero la descalifición es cuestionable.
El presidente del CED (por sus siglas en inglés) remarcó que los integrantes de los órganos de derechos humanos de la ONU no pueden ser sometidos a presiones por parte de Estados parte de convenciones en la materia.
El abogado ecuatoriano respondió así a las críticas del Gobierno de México, incluidas las de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a su decisión de considerar que ese delito es ya un "crimen de lesa humanidad" en el País y solicitar que el tema sea abordado en la Asamblea General de la ONU.
"Las diferencias jurídicas -e incluso políticas, aunque el asunto no debería politizarse- son comprensibles en el marco del diálogo internacional y la cooperación que debe existir por mandato de la Convención (Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas) entre el CED y los Estados parte", expuso en un pronunciamiento difundido en su cuenta de X.
"Sin embargo, es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de los derechos humanos y sus integrantes, en línea con el principio 5 de las Directrices de Addis Abeba sobre la independencia y la imparcialidad de los miembros de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos".
Conforme a ese principio, aseveró, el principio de independencia requiere que los miembros no podrán estar sometidos a ningún tipo de dirección o influencia ni a presiones del Estado del que sean nacionales ni de ningún otro Estado o de sus organismos.
La función del Comité, sostuvo, es supervisar el cumplimiento de la Convención.
"Los integrantes de los órganos de tratado somos elegidos por los propios Estados partes. Actuamos con independencia, pero no al margen del Sistema de las Naciones Unidas", destacó.
"El artículo 34 de la Convención es claro en cuanto al procedimiento. Cuando el Comité recibe información que contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede: 'llevar urgentemente la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General'".
Albán rechazó que el análisis del CED sobre la situación en México se haya limitado a un periodo cerrado y no haya tomado en cuenta la evolución de la situación hasta la actualidad.
"Los objetivos comunes deben seguir siendo: fortalecer la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos de desaparición, y erradicar el fenómeno, todo ello en beneficio de las víctimas y sus familias", sostuvo.
El presidente del Comité también rechazó que el análisis se limite a un periodo acotado y sostuvo que evalúa la evolución del fenómeno hasta la actualidad.
"La decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continuamos teniendo. El Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132 mil al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional", afirmó.
Además, precisó que la resolución no está dirigida a una instancia menor sino al máximo órgano de la ONU.
"Cuando el Comité recibe información que contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede llevar urgentemente la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General. Nuestra decisión no es una remisión al Alto Comisionado, sino al máximo órgano deliberante de la ONU", explicó.
En la mañanera, Sheinbaum afirmó que el Comité no es un órgano de la ONU y cuestionó que su análisis partiera de casos de cuatro estados entre 2009 y 2017, cuyos resultados, dijo, fueron extrapolados hasta 2025.
La Presidenta sostuvo que el informe no considera acciones emprendidas por su Gobierno y administraciones anteriores para atender la desaparición de personas.
También rechazó que en México exista desaparición forzada atribuible al Estado y vinculó el fenómeno principalmente con la delincuencia organizada.
