Dos aspirantes a las tres consejerías vacantes del INE denunciaron irregularidades, por lo que advirtieron que las anomalías y parcialidad restan confiabilidad en el proceso.
La presidenta del organismo electoral de Oaxaca, Elizabeth Sánchez, acusó al Comité de Evaluación de cometer "anomalías graves y exclusión arbitraria" en su contra.
"Como mujer indígena, denuncio la sistemática vulneración de mis derechos político-electorales por parte del Comité Técnico de Evaluación (CTE) en el proceso de selección de consejerías del INE", indicó.
Explicó que el 27 de marzo cargó toda su documentación requerida en el sistema, pero un día después le notificaron por correo electrónico que faltaba la certificación de su credencial para votar y título profesional.
"Hecho totalmente falso, sin embargo vía correo electrónico remití el cuadernillo que contiene las copias certificadas de la documentación requerida además de remitir de manera individual la certificación de la credencial para votar y título profesional. No obstante que dichos documentos ya habían sido cargados al sistema de manera inicial", apuntó.
Acusó a la autoridad de incurrir en contradicciones, pues el 1 de abril la reincorporaron tras reconocer inconsistencias. Incluso, en la lista publicada el viernes pasado se indicó que fue "para salvaguardar su participación en el proceso".
Sin embargo, nuevamente el 5 de abril la volvieron a excluir y jamás fue notificada, ya que se enteró a través de redes sociales.
"Lo que representa una violación flagrante al debido proceso, a la garantía de audiencia y al derecho a la información", añadió.
Ante esto, presentó impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, a quien exigió transparencia absoluta.
"El proceso de selección no debe realizarse con falta de certeza y legalidad", demandó.
Por su parte, Francisco Rojas Choza, ex consejero electoral en Aguascalientes y quien logró incorporar a aspirantes con doble nacionalidad, presentó su declinación al considerar que no existen las condiciones de imparcialidad y confiabilidad para mantenerse en el proceso.
En una carta que presentó afirmó que existen violaciones irreparables cometidas por el Comité, al desechar de plano las demandas de aspirantes, además de que no existe un control jurisdiccional efectivo sobre la etapa más determinante del proceso.
"Un cuarto problema afecta la calidad intrínseca del procedimiento de evaluación. Los plazos que median entre la publicación de la convocatoria, la instalación del CTE y la conclusión del proceso son manifiestamente insuficientes para diseñar e implementar instrumentos de evaluación proporcionales a la relevancia del cargo", consideró.
Ejemplificó que en el listado adicional de 16 personas que publicó el viernes, se muestra un problema de la administración del proceso, lo cual resulta indefendible, pues el Comité no dio una explicación sobre los errores u omisiones que había cometido.
"Las deficiencias de diseño son reales, pero no son un impedimento insalvable para que el proceso arroje resultados que la democracia mexicana pueda reconocer como legítimos. Esa posibilidad depende de que el Comité sea completa y proactivamente transparente respecto de los criterios, ponderaciones y razones concretas que lo lleven a integrar cada una de las tres quintetas.
"La rendición de cuentas no requiere un diseño perfecto para ejercerse; requiere voluntad. Solo con esa voluntad el proceso, con todas sus limitaciones, podrá generar la confianza que su resultado exige", indicó en su carta.
