San Luis Potosí, SLP.- Ante el anuncio de un paro nacional de transporte y agricultura que podría derivar en el cierre de carreteras en diversos puntos del país, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí se declaró listo para activar protocolos de concertación. J. Guadalupe Torres Sánchez, Secretario General de Gobierno, afirmó que la entidad cuenta con la experiencia necesaria para gestionar estas movilizaciones mediante soluciones pacíficas y acuerdos institucionales.
El encargado de la política interna destacó que la prioridad del Ejecutivo es evitar la parálisis de las vías de comunicación, salvaguardando tanto el derecho a la libre manifestación como el derecho de terceros al libre tránsito.
Torres Sánchez detalló que el modelo potosino de atención a conflictos sociales se basa en la creación inmediata de espacios de interlocución técnica y política. Esta estrategia incluye construcción de comisiones compuestas por representantes del Gobierno Federal, del Estado y del Poder Legislativo Federal.
Y presencia de responsables directos de las áreas que competen a las demandas (SADER, SCT, Finanzas, etc.) para ofrecer respuestas concretas y no solo promesas. Además de mantener canales abiertos de manera permanente para evitar que las inconformidades escalen a bloqueos prolongados.
El Secretario recordó que en San Luis Potosí ya se han enfrentado situaciones similares con anterioridad, donde el uso de la fuerza pública ha sido descartado en favor de la política.
"En nuestra entidad tenemos la experiencia de haber gestionado estos escenarios con éxito. El llamado es a ponderar en todo momento el diálogo y la expresión abierta de ideas; eso nos ha permitido atender de manera eficiente los reclamos y mantener la paz social", puntualizó el funcionario.
Torres Sánchez aseguró que desde el momento en que se generen estas situaciones o se detecten concentraciones en las carreteras federales o estatales que cruzan el territorio potosino, las autoridades actuarán con puntualidad para establecer el contacto con los liderazgos del movimiento.
El objetivo central es que las demandas de los agricultores y transportistas sean canalizadas a las instancias correspondientes en la Ciudad de México o el estado, sin que ello signifique el estrangulamiento logístico de la región, especialmente en rutas críticas como la Carretera 57 y la Federal 70.
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