En la constitución política de nuestro país, versa una máxima que aplica en la forma en la que se entiende, cómo se aplica la ley en nuestro país: Lo que no está prohibido en la ley está permitido para los ciudadanos, y lo que no está establecido en la ley está prohibido para las autoridades».
Esta máxima define el principio de legalidad y marca la diferencia fundamental entre la libertad de los particulares y la actuación de los servidores públicos.
La reflexión anterior es precisamente donde resulta la situación en la que los trabajadores del volante, los taxistas sienten que pueden hacerse justicia por mano propia al tiempo que llevan a cabo detenciones de automovilistas que prestan servicio de transporte a través de plataformas digitales que consideran ilegales porque se ha dicho que sin registro alguno, no están dentro de los estatutos de la ley estatal del transporte para brindar un servicio público.
Esta problemática se observa en todo el país y ha tenido características que preocupan en últimas fechas en San Luis Potosí, una vez que en días recientes, los operadores de taxis que vale la pena destacar, están agremiados en diversos grupos; salen a la calle y justo en el centro histórico se les ocurre que pueden poner una especie de retén, donde hasta con violencia e insultos intentan detener a los conductores, que en algunos casos no son ni siquiera prestadores de un servicio, pero que les resultan sospechosos.
Al tiempo las autoridades se pronuncian enérgicamente y advierten que aquellos choferes de taxi que participaron en esta actividad serían sancionados retirándolos del servicio, pues no tienen facultades para actuar de esa manera.
Aquí es donde amigo lector vale la pena preguntar entonces qué es lo que los hace sentir que pueden actuar así, y la respuesta más sencilla es precisamente que no exista una ley que se los impida.
El conflicto entre los choferes de taxis y los prestadores de servicios de transporte mediante plataformas digitales en San Luis Potosí es un claro reflejo de una batalla más amplia: la lucha entre la tradición y la innovación. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la resistencia al cambio puede ser comprensible, pero también es peligrosa. La falta de mediación efectiva ha sido un factor crucial en la prolongación de esta disputa. Las mesas de trabajo entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y los sindicatos de taxistas no solo se han interrumpido, sino que han dejado al descubierto la fragilidad de un diálogo que debería ser constructivo y continuo. La reanudación de hostilidades no es solo un síntoma de la tensión existente, sino un indicador aún de la incapacidad de las autoridades para encontrar soluciones viables.
El dilema de la regulación y la competencia se presenta como un campo minado. Por un lado, la SCT intenta limitar el número de unidades de plataformas para evitar la saturación del mercado, protegiendo así a los más de 5,400 taxis concesionados que operan en la ciudad. Sin embargo, este enfoque puede resultar contraproducente, ya que no aborda la realidad de la doble operación que algunos choferes realizan, operando en ambos sectores. Este fenómeno no solo complica la regulación, sino que también evidencia la necesidad de una reforma más profunda que contemple tanto los intereses del transporte tradicional como las demandas de una nueva generación de usuarios que prefieren la comodidad y eficiencia de las aplicaciones móviles.
A medida que nos dirigimos hacia el Mundial 2026, la presión sobre el sistema de transporte aumentará. La demanda turística pone en el centro del debate la necesidad de alianzas forzadas entre plataformas digitales y taxis tradicionales. Ignorar esta tendencia es condenar a ambos sectores a la obsolescencia. La modernización del sector tradicional no es solo una opción, sino una necesidad imperante. La reluctancia a adoptar nuevas tecnologías para mejorar los métodos de cobro y atención solo perpetúa un ciclo de insatisfacción y desconfianza.
La intervención policial también merece ser objeto de crítica. La percepción de que estos enfrentamientos son meros "conflictos entre particulares" minimiza la gravedad de la situación y la inseguridad pública que genera. La falta de un enfoque proactivo por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y el orden solo contribuye a agravar un conflicto que, sin duda, requiere atención inmediata y un enfoque integral.
El camino hacia una solución amigo lector seguramente no se encuentra en la imposición de sanciones, sino en la creación de un marco regulatorio que garantice condiciones equitativas para todos los actores involucrados. Es vital que se integre la tecnología en el transporte tradicional, no como un adversario, sino como un aliado que puede enriquecer la experiencia del usuario y garantizar la sostenibilidad del sector. La verdadera solución radica en la colaboración, la innovación y, sobre todo, en la voluntad de adaptarse a un futuro que, inevitablemente, ya está aquí, porque usted no me dejará mentir, trabajo habría para todos pero las plataformas digitales sin duda deben también demostrar voluntad a fin de que no sean como hoy en día un espacio misterioso en donde no sabemos cuántos y quienes trabajan ahí.
HASTA LA PRÓXIMA.
