El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) aseguró que la respuesta que dio el Gobierno mexicano ante la decisión de la ONU de llevar las desapariciones en México a la Asamblea General replica las denostaciones en las que los Gobiernos del PAN y PRI incurrieron en el pasado.
La organización resaltó que el pronunciamiento de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores es insuficiente ante la crisis que enfrenta el País en materia de desaparición de personas.
"La respuesta del Estado no está a la altura de la crisis que vive el País en materia de desapariciones y replica actuaciones previas de diversas administraciones que han denostado a organismos internacionales cuando han develado la realidad de las violaciones a derechos humanos en el País
"Hoy nos encontramos ante la evaluación reprobatoria más contundente del fracaso del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones, a lo largo de cuatro Gobiernos de tres partidos distintos", se pronunció a través de redes sociales.
Este mismo jueves, la Segob y SRE aseguraron que el informe del Comité carecía de rigor jurídico y tendencioso; sin embargo, el Centro Prodh resaltó que la descalificación emitida no contribuye a una postura que refleje la atención a miles de familias que buscan a una persona en México.
"La disputa del diagnóstico y la descalificación del mensajero no está en línea con la respuesta necesaria para las decenas de miles de familias que buscan a un ser querido en México", advirtió.
La organización expone que la decisión del Comité de Evaluación de llevar el caso de desapariciones a la Asamblea General se basa en años de análisis y solicitudes que le enviaron familias, colectivos y organizaciones.
A raíz de eso enlista los cuatro puntos claves de la determinación.
Colusión de autoridades
De acuerdo con el Centro Prodh, el Comité encontró un patrón de desapariciones forzadas, donde el crimen organizado convive con autoridades de diferentes niveles y órdenes de Gobierno.
"Señala que agentes estatales conocen previamente de la situación de riesgo real de estas desapariciones y su conducta es un reconocimiento que los actores estatales no interpretan como consentimiento", indica.
Política de búsqueda ineficiente
Según la asociación civil, el Comité señala que el Gobierno mexicano no tiene una política integral para prevenir, erradicar y sancionar las desapariciones de personas.
Aún cuando las autoridades deberían buscar a los desaparecidos -añade- esta labor continúa recayendo en las familias.
Asimismo, que no hay medidas eficaces para hacer frente a la crisis forense y a la impunidad.
"Señala que si bien la comisión de desapariciones no es parte de una política de Estado, reconoce que las acciones de México para atender esta crisis han resultado insuficientes", denuncia.
Desaparición sistemática
El Centro Prodh añade que el Comité detectó que las desapariciones forzadas se cometen de forma sistemática y que se repite en distintas partes del territorio, con participación del Estado, de acuerdo con las normas internacionales.
"En ese contexto y conforme un análisis de las normas internacionales reconoce que las desapariciones forzadas se cometen como ataques generalizados o sistemáticos, es decir como un crimen de lesa humanidad, en diversas partes del territorio en los que existen distintas formas de participación del Estado", añade.
La apuesta
La decisión del Comité, dice la organización civil, de llevar el caso a la Asamblea General pretende brindar cooperación técnica en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación y establecer un mecanismo eficaz para llegar a la verdad y dar asistencia y protección a las familias.
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