San Luis Potosí, SLP.- La ruta del dinero público hacia las comunidades indígenas de San Luis Potosí volvió a tropezar, no por falta de asignación, sino por el tiempo que consumieron los litigios. Así lo planteó el delegado del Bienestar en la entidad, Guillermo Morales, al reconocer que 13 localidades —en su mayoría de la Huasteca— quedaron fuera de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) correspondientes a 2025.
El origen del problema no estuvo en un recorte presupuestal, sino en un ajuste técnico que, aunque menor en cifras, detonó inconformidades. Diferencias entre padrones del INPI y el INEGI obligaron a modificar la distribución inicial de montos. En algunos casos, las variaciones fueron marginales, pero suficientes para que comunidades recurrieran a amparos y procesos legales.
La disputa escaló a tribunales y, aunque las resoluciones confirmaron la validez de la redistribución, llegaron demasiado tarde, febrero de 2026. Para entonces, el calendario fiscal ya había cerrado y, con ello, la posibilidad de ejercer los recursos. La consecuencia fue automática, el dinero no utilizado regresó a la Federación.
Más allá del tecnicismo legal, el caso deja una lección de fondo. Morales advirtió que la intervención de terceros —asesores, intermediarios o actores externos— puede distorsionar los procesos comunitarios y terminar afectando directamente a quienes buscan beneficiarse. En este caso, el costo fue claro, recursos detenidos y proyectos que no se concretaron.
El FAIS representa una de las principales herramientas para abatir rezagos en zonas de alta marginación, financiando obras básicas como agua potable, drenaje, electrificación y vivienda. En 2025, además, marcó un avance al permitir la entrega directa de recursos a comunidades indígenas, fortaleciendo su autonomía en la ejecución de proyectos.
A pesar del conflicto, el balance general no fue negativo. Más de 500 comunidades sí lograron acceder a los fondos y materializar obras. Sin embargo, el episodio de las 13 localidades abre un debate sobre la necesidad de fortalecer la organización interna y blindar los procesos frente a intereses externos que puedan frenar el desarrollo.
De cara a 2026, el funcionario aseguró que las comunidades afectadas tendrán una nueva oportunidad de acceder a los recursos, aunque bajo un esquema que aún se encuentra en revisión para ajustarse a la Ley de Coordinación Fiscal.
El mensaje es claro, en la gestión de recursos públicos, no siempre perder un juicio significa ganar en los hechos. Aquí, el tiempo fue el verdadero adversario.
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