San Luis Potosí, SLP.- En medio de un clima de tensión laboral, personal de una guardería ubicada en la calle Manuel José Othón en la zona de la Alameda optó por una forma de manifestación que evita el cierre de puertas, pero no el señalamiento público, trabajar mientras protestan. Con cartulinas visibles y mensajes directos, las trabajadoras dejaron claro que su inconformidad no implica abandono de responsabilidades, sino una exigencia activa de condiciones justas.
Lejos de declararse en huelga, las docentes subrayaron que mantienen sus actividades cotidianas, aunque bajo un posicionamiento colectivo. La protesta, explicaron, responde tanto a la defensa de sus derechos laborales como al respaldo hacia una compañera que actualmente enfrenta un proceso interno, del cual —afirman— no hay información concluyente.
Los mensajes colocados en el exterior del plantel no solo evidencian apoyo, también reflejan desconfianza en los mecanismos institucionales. Frases como “falló el sistema” o “exigimos respeto” apuntan a una percepción de vulnerabilidad dentro del entorno laboral, donde, las manifestantes expresan no existen garantías suficientes para ejercer su trabajo con seguridad.
Uno de los ejes de la inconformidad gira en torno al debido proceso. Las trabajadoras advierten sobre el riesgo de emitir juicios anticipados en un caso que aún no ha sido esclarecido, lo que, consideran, no solo afecta a la persona involucrada, sino que envía un mensaje de incertidumbre al resto del personal.
A este escenario se suman otros factores que, de acuerdo con las inconformes, han deteriorado el ambiente laboral, señalamientos de hostigamiento, decisiones administrativas que califican como arbitrarias y el uso de herramientas de vigilancia que, lejos de brindar certeza, han generado fricciones internas.
El caso de una trabajadora separada de sus funciones también fue mencionado como ejemplo de lo que perciben como medidas injustas, lo que ha intensificado la sensación de desprotección entre el personal.
Sin bloquear el servicio ni afectar directamente a los usuarios, las educadoras han optado por visibilizar su postura desde dentro. Su mensaje es claro, no se trata de detener el trabajo, sino de evidenciar que, aun cumpliendo, existen condiciones que —aseguran— ya no pueden normalizarse.
Mientras tanto, el conflicto permanece abierto y bajo revisión, con un llamado insistente por parte del personal a que las autoridades correspondientes actúen con transparencia, legalidad y sin prejuzgar. La protesta, advierten, continuará mientras no haya claridad ni garantías.
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