Entre el “no se alarmen” y la evidencia científica: el agua en SLP bajo disputa
San Luis Potosí, SLP.- La crisis del agua en San Luis Potosí ya no solo se mide en litros disponibles, sino en la confianza —cada vez más frágil— sobre su calidad. Mientras investigaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí advierten la presencia de sustancias tóxicas en pozos que abastecen a la población, la Comisión Estatal del Agua insiste en bajar el tono del debate y evitar alarmismos.
El contraste no es menor. Por un lado, especialistas universitarios documentan concentraciones de arsénico, fluoruro y hasta uranio en niveles que superan lo permitido para consumo humano, tras analizar cientos de muestras en la zona metropolitana. Por otro, la autoridad responde con un llamado a la calma, respaldándose en el cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994, la norma oficial que regula la calidad del agua potable en el país.
Sin embargo, el discurso institucional deja más preguntas que certezas.
Diagnósticos incómodos vs. respuestas defensivas
El titular de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, no niega del todo el problema, pero lo minimiza al señalar que estos diagnósticos “no son nuevos” y que deberían acompañarse de propuestas. La crítica, más que técnica, parece política, cuestiona el señalamiento, pero no desmonta los hallazgos.
El problema es que pedir soluciones sin asumir plenamente la gravedad del diagnóstico puede convertirse en una salida cómoda. Porque si bien la autoridad asegura que “no hay una situación de enfermedad”, también admite la necesidad de mejorar monitoreos y controles sobre minerales en el agua. Es decir, reconoce riesgos potenciales, pero evita dimensionarlos públicamente.
Cumplir la norma no es garantía de tranquilidad
El argumento central de la CEA —el cumplimiento de la NOM-127— tampoco cierra el debate. En contextos de sobreexplotación de acuíferos, contaminación industrial y redes hidráulicas envejecidas, cumplir con parámetros en ciertos puntos no necesariamente refleja la realidad completa del sistema.
Además, la propia autoridad reconoce diferencias en la calidad del agua dentro del estado, lo que contradice la narrativa de estabilidad general. Si la calidad varía, entonces el problema no es homogéneo ni menor.
A este escenario se suma una decisión que evidencia contradicciones, la desaparición de purificadoras en la capital. Mientras se pide no alarmarse, se retiran mecanismos que ayudaban a la población a acceder a agua de mejor calidad. El mensaje es ambiguo, tranquilidad en el discurso, pero retrocesos en la práctica.
La discusión de fondo no es si se debe alarmar o no a la población, sino qué tan transparente y contundente es la respuesta institucional frente a un problema estructural. La sobreexplotación de acuíferos, las descargas industriales y la falta de regulación efectiva no son nuevas, pero tampoco resueltas.
Reducir el debate a un intercambio entre “críticas” y “propuestas” corre el riesgo de diluir responsabilidades. Porque mientras se discute el tono, la calidad del agua —y con ella la salud pública— sigue siendo una incógnita para miles de potosinos.
En San Luis Potosí, el problema ya no es solo el agua que falta, sino la certeza sobre la que llega. Y esa, hasta ahora, sigue sin aclararse del todo.
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