De acuerdo con el auditor superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, el monto observado por estas anomalías supera los 3 mil millones de pesos, correspondientes a diversas cuentas públicas, aunque parte de los recursos aún puede ser solventado conforme avancen los procesos administrativos. El funcionario detalló que al menos siete de estos casos ya derivaron en carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado, principalmente por posibles faltas graves relacionadas con el manejo del erario.
Caso Santa María del Río, entre los más relevantes
Dentro del conjunto de expedientes, destaca el caso del municipio de Santa María del Río, donde se investiga un presunto daño patrimonial por 51 millones de pesos correspondiente a la administración 2021-2024. El expediente se encuentra en etapa legal, y exfuncionarios municipales han sido requeridos para justificar el destino de los recursos observados, en uno de los casos más representativos del total de investigaciones en curso.
Lecourtois López detalló que el proceso ha entrado en la fase de sustanciación, un paso crítico donde los señalados deben presentar pruebas que justifiquen el destino de los recursos observados. Mientras el IFSE valora si presentará una denuncia penal propia, la actual administración municipal de Santa María del Río ya ha emprendido acciones legales directas por estas irregularidades detectadas en la entrega-recepción.
Congreso exige fiscalización sin excepciones
En este contexto, el diputado Luis Fernando Gámez Macías subrayó la necesidad de fortalecer la vigilancia del gasto público y evitar cualquier tipo de trato preferencial. El legislador señaló que la fiscalización debe aplicarse “de manera más estricta y sin excepciones”, dejando en claro que todos los entes públicos están obligados a rendir cuentas sin importar su nivel o filiación política. Asimismo, advirtió que los resultados de estas auditorías deben traducirse en sanciones reales para inhibir prácticas de corrupción y garantizar el correcto uso de los recursos públicos.
El legislador ha sido enfático en la necesidad de profundizar las investigaciones en casos específicos donde existan indicios de irregularidades, "he solicitado auditorías especiales en temas que han generado inquietud pública. Es inaudito que se utilicen recursos públicos en gastos que no tienen justificación; la sociedad merece saber en qué se está gastando su dinero y nosotros vamos a exigir esa información”.
Buscan sanciones más severas por opacidad
De forma paralela, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) impulsa medidas para endurecer las sanciones contra funcionarios que incumplen con sus obligaciones de transparencia. Entre las propuestas destaca la posibilidad de inhabilitar a servidores públicos que persistan en prácticas de opacidad, ya que las sanciones actuales han resultado insuficientes para corregir estas conductas. El organismo ha identificado al menos una veintena de entes públicos con niveles críticos de incumplimiento en materia de acceso a la información.
Al respecto, José Gerardo Navarro Alviso, comisionado presidente debla CEGAIP, anunció que se trabaja en una propuesta para endurecer los castigos contra quienes incumplan con la transparencia; destacó que, actualmente, cerca de 20 sujetos obligados en el estado presentan un incumplimiento total, operando prácticamente en la opacidad absoluta. La lista de incumplimiento no se limita a un solo sector, sino que abarca organismos clave para la vida pública. Entre los entes señalados por la CEGAIP se encuentran los organismos operadores de agua, sindicatos y ayuntamientos.
Avanzan investigaciones
El IFSE reiteró que las más de 50 investigaciones continuarán su ?????o conforme a los plazos legales, con el objetivo de fincar responsabilidades, recuperar recursos y, en su caso, promover acciones penales contra quienes resulten responsables. En un contexto de mayor presión institucional, las autoridades estatales buscan reforzar los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, en un esfuerzo por combatir la corrupción en San Luis Potosí.
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