San Luis Potosí, SLP.- En medio del debate nacional sobre la reconfiguración de los sistemas de retiro, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Zermeño Guerra, salió a cerrar filas en torno al esquema de pensiones de la institución, lo calificó como “sano”, “funcional” y alineado a los criterios de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, su defensa no sólo evitó el fondo de las críticas, sino que derivó en un desdén directo hacia quien las formula.
“Hay que tomar las cosas de quien viene, que yo sepa él no es egresado de esta universidad, es más, creo que no es potosino”, lanzó el rector en referencia al diputado Héctor Serrano Cortés, minimizando así los señalamientos sobre posibles excesos en el sistema de jubilaciones universitarias.
Zermeño insistió en que el modelo ha sido ajustado en al menos cuatro ocasiones y que desde 2021 las pensiones están topadas, subrayando además que la ley no es retroactiva. Bajo ese argumento, justificó que los beneficios que hoy reciben exrectores fueron, en su momento, “correctos” y legales. Incluso, aseguró que la universidad se encuentra entre las diez instituciones del país con un sistema de pensiones sólido y validado por la SEP.
No obstante, este discurso institucional se da en un contexto nacional distinto. La reforma federal en materia de pensiones, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca precisamente poner freno a esquemas considerados desproporcionados dentro del servicio público, incluidas las llamadas “pensiones doradas”. La lógica es clara, ningún organismo que reciba recursos públicos debería quedar fuera de los principios de austeridad, transparencia y equidad.
Es ahí donde las declaraciones del rector comienzan a perder sustento.
El diputado local Serrano Cortés ha señalado que la autonomía universitaria no puede convertirse en un escudo para evadir la fiscalización ni para resistirse a lineamientos federales orientados a transparentar el uso del dinero público. Más aún, cuestionó la falta de claridad en el manejo de recursos provenientes tanto del erario como de las cuotas estudiantiles, particularmente en lo que respecta a los esquemas de jubilación.
Pero el punto más crítico no está en el discurso, sino en los números.
Mientras la rectoría insiste en la “salud” del sistema, cifras oficiales exhiben una realidad difícil de ignorar, exrectores de la UASLP perciben ingresos mensuales que oscilan entre los 177 mil y los 240 mil pesos, sumando prestaciones. Montos que contrastan de forma directa con las carencias documentadas en diversas facultades como Estomatología, Hábitat, Ingeniería y Enfermería.
Ahí es donde la narrativa institucional se fractura.
Porque aunque legalmente los beneficios puedan justificarse bajo esquemas pasados, en términos políticos y sociales resultan cada vez más difíciles de sostener. La defensa del rector se centra en la legalidad del modelo, pero evade la discusión de fondo, ¿es ético mantener pensiones de alto nivel financiadas con recursos públicos en una universidad que enfrenta rezagos internos?
Más aún, el intento de desacreditar al mensajero —en este caso, el diputado Serrano— no responde a las inquietudes planteadas. Por el contrario, refuerza la percepción de opacidad y resistencia al escrutinio.
En un país donde el debate sobre privilegios en el sector público se ha intensificado, la postura de la UASLP parece ir a contracorriente. Y aunque el rector insiste en que su sistema es “ejemplar”, la existencia de pensiones elevadas para exfuncionarios universitarios revela una contradicción de fondo, la salud financiera no necesariamente equivale a justicia ni a equidad.
Así, el discurso se sostiene en la norma, pero se desploma frente a la realidad. Porque cuando las pensiones siguen siendo doradas, llamarlas “sanas” deja de ser una certeza y se convierte en una narrativa difícil de defender.
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