San Luis Potosí, SLP.- En la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, el conflicto por el agua dejó de ser únicamente un tema de escasez para convertirse en una disputa abierta entre el organismo operador y miles de usuarios que han dejado de pagar. De un lado, Interapas endurece medidas para recuperar cartera vencida; del otro, ciudadanos justifican su negativa ante un servicio que consideran deficiente, irregular y, en algunos casos, riesgoso para la salud.
Las denuncias ciudadanas sobre la colocación de sellos en tomas domiciliarias encendieron la polémica. En estos avisos se advierte que, si en un plazo de 72 horas no se liquida el adeudo, el servicio será restringido.
El alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, defendió la medida al asegurar que no se trata de cortes totales, sino de restricciones que buscan no violentar el derecho humano al agua. La explicación del edil es que estas acciones se aplican principalmente a viviendas con más de dos años de deuda acumulada.
El argumento oficial es claro, Interapas necesita recaudar para sobrevivir. Sin subsidios externos, el organismo depende directamente del pago de los usuarios. Incluso, se han implementado programas de descuentos autorizados por el Congreso durante dos años consecutivos, los cuales -siguen vigentes.-
Pero más allá del discurso institucional, los números revelan la dimensión del problema:
• Recibo promedio bimestral: 300 pesos
• Pagos al año: 6
• Total anual: 1,800 pesos
• Deuda en dos años: 3,600 pesos por vivienda
Si se multiplica esta cifra por cientos de casos en la zona metropolitana, el boquete financiero es evidente. Para Interapas, los morosos no solo representan incumplimiento, son el factor que pone en riesgo la operación del sistema.
Sin embargo, del lado ciudadano la narrativa es completamente distinta. La negativa a pagar no siempre obedece a falta de recursos, sino a una creciente desconfianza en el organismo.
En municipios como Soledad de Graciano Sánchez, habitantes acusan a Interapas de presunto saqueo de materiales, lo que —afirman— deriva en constantes fallas en los pozos. En la zona norte de la capital, la crisis se materializa en el caso del pozo Jacarandas II, fuera de operación desde el 24 de febrero de 2026, sin fecha clara de reactivación.
Colonias como Hidalgo, Saucito, Valle Verde o División del Norte enfrentan afectaciones directas por esta situación. Para los usuarios, la pregunta es, ¿por qué pagar un servicio que no llega o llega a medias?
A esto se suma un señalamiento aún más delicado. Estudios recientes advierten que el 13% de los pozos presenta contaminación, principalmente por fluoruro y arsénico. Especialistas alertan que la exposición prolongada a estos elementos puede provocar:
• Fluorosis dental y ósea
• Daños en la piel
• Problemas cardiovasculares
• Incremento en el riesgo de cáncer
El problema no es inmediato, sino acumulativo. Es decir, la población podría consumir agua contaminada durante años sin notar síntomas, hasta que el daño sea irreversible.
Mientras la autoridad insiste en que “no hay razón para no pagar” e incluso compara el costo del agua con el de bebidas comerciales, la ciudadanía responde con una lógica distinta, no se trata de cuánto cuesta, sino de qué tan confiable es el servicio.
El choque es evidente. Interapas habla de responsabilidad ciudadana; los usuarios, de abandono institucional.
El conflicto no es solo financiero, es profundamente estructural. Porque cobrar por un servicio público implica una condición básica, que ese servicio funcione y sea digno.
Interapas puede justificar sus acciones en números, deudas y reglamentos. Pero cuando el agua no llega, cuando los pozos fallan, cuando existe riesgo de contaminación, el discurso de la recaudación pierde legitimidad.
Endurecer medidas contra los morosos sin resolver de fondo la calidad y continuidad del servicio no es una solución, es una apuesta riesgosa. Porque tarde o temprano, la ciudadanía deja de ver el recibo como una obligación y comienza a verlo como un abuso.
Y ahí, el verdadero problema ya no es quién debe cuánto, sino quién le debe a quién.
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