San Luis Potosí, SLP. — En un movimiento orientado a la austeridad republicana, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad de 22 votos la minuta de reforma al artículo 127 constitucional. Con esta medida, San Luis Potosí se suma a la validación nacional para establecer límites estrictos a las jubilaciones y pensiones de los servidores públicos de alto nivel.
La reforma busca terminar con las llamadas "pensiones doradas" en organismos públicos, empresas del Estado, fideicomisos y paraestatales, tanto en el ámbito federal como estatal y municipal.
El dictamen, impulsado previamente en la Comisión de Puntos Constitucionales, establece un tope claro: ninguna jubilación o pensión de personal de confianza podrá ser superior a la mitad de la remuneración que perciba el titular del Poder Ejecutivo Federal.
El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de dicha comisión, fue enfático desde la tribuna al señalar que el erario no debe seguir sosteniendo retiros millonarios de exfuncionarios. "Es momento de frenar los abusos; esta reforma es para las juventudes, para garantizar que el sistema de pensiones sea sostenible para quienes hoy apenas comienzan su vida laboral", afirmó.
Para evitar controversias jurídicas y proteger derechos adquiridos de sectores específicos, la reforma contempla las siguientes excepciones:
Fuerzas Armadas: Los esquemas de retiro militar se mantienen bajo sus propios regímenes.
Ahorro Voluntario: No se verán afectadas las jubilaciones derivadas de aportaciones adicionales realizadas por los trabajadores.
Pensiones Sociales: Los programas no contributivos vinculados a derechos sociales (como el apoyo a adultos mayores) quedan fuera de esta restricción.
Uno de los puntos más debatidos fue el alcance de la ley sobre pensiones ya otorgadas. Al respecto, Arreola Mallol señaló que, bajo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre supremacía constitucional, existe la viabilidad de ajustar situaciones jurídicas previas en caso de detectarse irregularidades o abusos manifiestos, priorizando siempre la soberanía popular y el manejo eficiente de los recursos.
Tras la aprobación de la minuta federal, el Legislativo potosino iniciará el análisis para la implementación local. El objetivo es aterrizar estos lineamientos en los transitorios estatales para asegurar que ningún funcionario en San Luis Potosí, ya sea estatal o municipal, pueda evadir los nuevos topes constitucionales mediante lagunas legales.
.gif)
