San Luis Potosí, SLP.- La clausura reciente de guarderías, un kínder y una primaria en la capital potosina no fue un trámite menor ni una revisión rutinaria, fue la consecuencia de una práctica grave y sistemática de falsificación de documentos oficiales que, de acuerdo con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, puso en riesgo directo a cerca de 700 niñas y niños.
El propio edil fue contundente al señalar que algunos de estos centros educativos operaban con dictámenes apócrifos de Protección Civil y licencias de funcionamiento falsas, incluso en espacios donde se atiende a bebés desde los 45 días de nacidos. No se trata, subrayó, de omisiones administrativas, sino de irregularidades que comprometen la seguridad de menores en etapas críticas de su desarrollo.
Bajo este escenario, el Ayuntamiento activó operativos que derivaron en cierres inmediatos, respaldados por las áreas de Comercio y Protección Civil. La decisión, aseguró el alcalde, no admitía titubeos, permitir la operación de estos espacios habría significado tolerar un riesgo latente de tragedia. En al menos dos casos, adelantó, las clausuras serán definitivas ante la imposibilidad de subsanar las faltas.
Pero el fondo del problema es aún más alarmante. Las autoridades municipales ya preparan denuncias penales contra quienes resulten responsables de falsificar documentación oficial, particularmente en certificaciones clave para garantizar condiciones mínimas de seguridad. Esto abre la puerta a sanciones que no sólo serán administrativas, sino que podrían derivar en consecuencias legales severas.
Galindo Ceballos también lanzó una advertencia a otros centros educativos privados, regularizarse no es opcional. Reconoció que algunos podrían haber sido engañados por intermediarios que comercializan papelería falsa, pero dejó claro que esto no exime responsabilidades. La autoridad, dijo, no puede esperar a que ocurra una tragedia para intervenir.
Está situación evidenció una posible red de intercambio y uso de documentos falsos entre instituciones educativas, un esquema que durante años pudo haber operado en la sombra sin consecuencias.
La pregunta de fondo no es por qué se clausuraron estos espacios, sino cómo lograron operar tanto tiempo en la ilegalidad. Cuando la seguridad de la infancia depende de papeles falsos, el problema ya no es administrativo, es estructural, y apunta directamente a fallas graves en la supervisión y la permisividad institucional.
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