San Luis Potosí, SLP.- La reciente declaración del alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, frente a los hallazgos del Grupo Universitario del Agua (GUA), abre más cuestionamientos que certezas. Ante un estudio que revela que al menos el 13% de los pozos presenta contaminación adicional, el edil admitió no haber recibido el documento actualizado y dijo desconocer si se trata de información reciente o de años anteriores.
“Lo voy a analizar creo que está actualizado, pero no lo conozco”, señaló el alcalde, al tiempo que reconoció la validez técnica del GUA y anunció que buscará una reunión para conocer a detalle las zonas afectadas. También aseguró que tanto el organismo operador como el gobierno municipal “hacen el mayor esfuerzo” para potabilizar el agua destinada al consumo humano.
Sin embargo, la postura del alcalde contrasta con la gravedad de los datos expuestos por especialistas universitarios. El estudio, basado en cerca de 270 puntos analizados, no sólo confirma la presencia natural de flúor y arsénico en el agua subterránea, sino que identifica infiltraciones adicionales de contaminantes provenientes de actividades en superficie. Es decir, el problema no sólo persiste, se está agravando.
De acuerdo con el investigador Antonio Cardona Benavides, integrante del GUA, aunque parte del agua mantiene condiciones relativamente estables, existe un porcentaje significativo donde la calidad se ha deteriorado más allá de lo natural. En muchos casos, las concentraciones de arsénico y fluoruro superan los límites permitidos por la normativa sanitaria, lo que implica un riesgo acumulativo para la salud de la población.
La advertencia es clara, los efectos no son inmediatos, pero la exposición prolongada puede derivar en afectaciones graves, especialmente en niñas y niños, quienes son más vulnerables a este tipo de contaminantes.
Frente a este panorama, la propia academia ha planteado que la solución no es abandonar las fuentes actuales —dada su relevancia en el abastecimiento—, sino implementar estrategias urgentes para garantizar que el agua destinada al consumo directo sea segura. El problema, como lo reconocen los especialistas, no es la falta de información, sino la ausencia de decisiones contundentes.
Y es ahí donde la declaración del alcalde resulta insuficiente. Porque más allá de si el estudio es nuevo o viejo, lo verdaderamente alarmante es que la contaminación sigue presente, documentada y, sobre todo, impactando a miles de familias potosinas.
Es lamentable que, ante un problema de salud pública de esta magnitud, la respuesta institucional se detenga en cuestionar la temporalidad de un estudio y no en la urgencia de actuar. No importa si los datos son de ayer o de hace años, lo que importa es que hoy el agua sigue representando un riesgo. Y mientras las autoridades revisan documentos, hay niñas y niños creciendo con una exposición constante a contaminantes que podrían marcar su vida para siempre. En San Luis Potosí, el tiempo del análisis ya pasó; lo que urge es el tiempo de las soluciones.
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