San Luis Potosí, SLP.- El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) mantiene bajo la lupa la administración 2021-2024 de Santa María del Río, tras detectar un presunto gasto no comprobado que asciende a los 51 millones de pesos. El titular del organismo, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, confirmó que el expediente ya se encuentra en manos del área jurídica para deslindar responsabilidades.
El caso involucra directamente a la gestión de una exalcaldesa sustituta y sus principales colaboradores, quienes ya han sido citados para comparecer ante las autoridades fiscalizadoras.
Lecourtois López detalló que el proceso ha entrado en la fase de sustanciación, un paso crítico donde los señalados deben presentar pruebas que justifiquen el destino de los recursos observados.
"Hubo un gasto que no pudieron comprobar; se pasó ya al área legal y se está citando a la exalcaldesa y a los funcionarios para que rindan lo que a su derecho convenga", puntualizó el Auditor Superior.
Mientras el IFSE valora si presentará una denuncia penal propia, la actual administración municipal de Santa María del Río ya ha emprendido acciones legales directas por estas irregularidades detectadas en la entrega-recepción.
El auditor advirtió que la situación de Santa María del Río no es un hecho aislado. El IFSE reporta un escenario complejo en el manejo de recursos públicos en todo el estado. Existen más de 50 procesos abiertos contra exfuncionarios y servidores públicos en funciones. El total de recursos no comprobados a nivel estatal asciende a más de 3 mil millones de pesos, correspondientes a diversos ejercicios fiscales (aunque una parte se encuentra en proceso de solventación).
Actualmente, el IFSE mantiene siete carpetas de investigación activas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra alcaldes y funcionarios municipales.
El ente fiscalizador reiteró que el desvío de recursos o la falta de comprobación no quedarán impunes, independientemente de si los responsables siguen en el cargo o ya concluyeron su gestión. Los procesos continuarán su curso legal conforme a los tiempos marcados por la ley, buscando la recuperación de los activos o la inhabilitación de los responsables.
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