San Luis Potosí, SLP.- “Los municipios deben enfocarse en el tema de seguridad, pero hoy están "echándose a la hamaca" dependiendo de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil Estatal, están en una zona de confort”, consideró el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, quien reconoció que la percepción de inseguridad entre la ciudadanía continúa siendo un reto pendiente.
Badillo Moreno alertó que varios municipios enfrentan un rezago crítico en materia de seguridad. Dijo que hay casos donde no hay policías o el número de elementos es insuficiente y a esto se suma la falta de certificación, lo que impide que sean considerados dentro de los estándares del Sistema Nacional de Seguridad Pública. "Para la federación, un policía que no está certificado es como si no existiera”, enfatizó.
El legislador subrayó que es fundamental el fortalecimiento de las corporaciones municipales, tanto en número de elementos como en su profesionalización, en ese sentido, destacó que el Gobierno del Estado anunció una inversión cercana a los 20 millones de pesos para apoyar a los ayuntamientos en la certificación de sus policías mediante el Certificado Único Policial.
Sin embargo, advirtió que el avance en los municipios ha sido mínimo, pues de los 59 ayuntamientos de la entidad, únicamente nueve han cumplido con el compromiso de ofrecer salarios superiores a los 14 mil pesos a sus elementos de seguridad.
"El tema de seguridad no puede esperar hasta el último minuto. Desde que se aprobó la reforma constitucional, los municipios debieron comenzar a trabajar en su implementación”, señaló.
Badillo Moreno informó que se presentará un punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos a cumplir con estas disposiciones, ya que el incumplimiento podría derivar en sanciones que van desde medidas administrativas hasta la inhabilitación de funcionarios, incluidos integrantes de los cabildos.
Finalmente, insistió en que los municipios deben destinar al menos el 20 por ciento de sus recursos a seguridad pública, tal como se acordó en el Consejo de Seguridad, y reiteró que más allá de la capacidad financiera, el principal problema radica en la falta de voluntad política.