San Luis Potosí, SLP.- El reciente informe del Grupo Universitario del Agua encendió una alerta en la zona metropolitana de San Luis Potosí, al menos el 13 por ciento de los pozos presentan contaminación con sustancias como flúor, arsénico y, cada vez con mayor presencia, uranio. Sin embargo, lejos de asumir el foco sanitario, el alcalde Enrique Galindo Ceballos centró su respuesta en cuestionar la vigencia del estudio.
El edil sugirió que los datos podrían estar basados en investigaciones del año 2007, insistiendo en la necesidad de actualizarlos antes de emitir conclusiones. Incluso ofreció respaldo económico para nuevas perforaciones y análisis, aunque evitó pronunciarse de fondo sobre los riesgos ya señalados por especialistas.
Mientras la discusión se desvía hacia la fecha del estudio, investigadores advierten que el problema es actual y creciente. De los más de 1,600 pozos registrados en la zona, una gran mayoría opera bajo control privado, con una supervisión limitada, a lo que se suma la existencia de cientos de pozos clandestinos. Este escenario complica cualquier estrategia de monitoreo integral.
El especialista Fernando Díaz Barriga ha advertido que la exposición prolongada a estos metales pesados no solo daña órganos vitales como los riñones, sino que impacta directamente en el desarrollo neurológico infantil. Desde la gestación, el consumo de agua contaminada puede traducirse en una disminución del coeficiente intelectual, afectando la capacidad de aprendizaje, concentración y, a largo plazo, las oportunidades de desarrollo.
A este panorama se suma un agravante, la contaminación ya no proviene únicamente del subsuelo. Estudios recientes han detectado la infiltración de agentes externos como nitratos de fertilizantes, bacterias de aguas residuales e incluso microplásticos, lo que rompe la idea de que los acuíferos profundos garantizan agua segura. En al menos uno de cada diez pozos monitoreados se han identificado estas filtraciones.
Pese a ello, el alcalde aseguró que actualmente los pozos reciben mantenimiento mediante cloración y que el agua distribuida cumple con la norma oficial, destacando que el sistema municipal tiene capacidad técnica para garantizar su potabilidad. “Hasta ahorita no tenemos problema”, sostuvo, al tiempo que reiteró su disposición para colaborar en la actualización del estudio.
No obstante, especialistas han señalado que procesos como la cloración no eliminan metales pesados ni contaminantes complejos, por lo que insisten en la necesidad de implementar tecnologías más avanzadas, como sistemas de ósmosis inversa, así como fortalecer el monitoreo constante en toda la red de distribución.
El posicionamiento del alcalde revela una preocupante desconexión entre la evidencia científica y la respuesta institucional. Mientras se debate si el estudio es reciente o no, los datos ya disponibles indican que al menos 13 de cada 100 pozos representan un riesgo potencial para la salud, particularmente para la niñez.
Minimizar el problema bajo el argumento de la temporalidad no elimina la contaminación ni sus efectos acumulativos. Por el contrario, retrasa decisiones urgentes en un contexto donde el agua —un recurso básico— podría estar condicionando el desarrollo cognitivo de toda una generación.
Más que cuestionar fechas, el desafío para las autoridades es asumir el principio de precaución, actuar ante la posibilidad de daño, incluso si la información requiere actualización. Porque en este caso, el costo de la omisión no es político, es irreversible y se mide en el futuro de miles de niños.
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