La promulgación de Ley General de la Alimentación Adecuada y Sustentable (LGAAS) representó un salto sin precedentes en la creación de un marco integral para atender una problemática que incluye aspectos económicos, ambientales y de salud, pero su implementación se ve frenada por la ausencia de su reglamento, coincidieron especialistas.
Durante el foro "De la ley al impacto, activando el derecho a la alimentación adecuada y sostenible", realizado esta semana en el Senado, remarcaron que un tema central contemplado en la ley que requiere de reglas claras es el relacionado con la pérdida y el desperdicio de alimentos.
La LGASS fue publicada en el Diario Oficial en abril de 2024 y su artículo segundo transitorio establece que su reglamento debe ser emitido dentro de los 180 días posteriores a su entrada en vigor, lo que no ha sucedido caso dos años después.
Laure Delalande, coordinadora del programa Mejor Producción de la FAO en México, destacó que la LGAAS ofrece un marco con mecanismos concretos para abordar de manera articulada políticas que suelen trabajarse por separado, como la seguridad alimentaria, la nutrición, la prevención de enfermedades, la reducción de pérdidas y desperdicios y el fortalecimiento de las economías locales.
"El reglamento de esta ley es crucial porque hará operativa la visión. No es solamente un requisito jurídico, es una herramienta para dar claridad sobre cómo se implementa la ley, cómo se coordinan las instituciones, cómo se aterrizan las responsabilidades de cada quien y cómo se puede dar seguimiento a los avances que se vayan teniendo", apuntó.
Y un elemento clave para la implementación de la ley, para el cual es indispensable el reglamento, agregó, es la puesta en marcha del Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (Sinsamac), que sería la principal instancia de articulación de acciones.
Carolina Fernández, gerente de Alianzas Internacionales de Waste and Resources Action Program (WRAP), consideró que se requieren responsabilidades claras, seguimiento y presupuesto para hacer efectiva la LGAAS.
"Hay una necesidad urgente de implementar plenamente la ley sobre el derecho a la alimentación en México, por varias razones estructurales: la persistencia del hambre y la inseguridad alimentaria, el alto desperdicio de alimentos, el impacto en la salud pública, el impacto climático y ambiental y la necesidad de la coordinación institucional", planteó.
Por su parte, Brenda Cárdenas, gerente de Marketing y Alianzas Estratégicas de Cheaf México --plataforma destinada al rescate de alimentos por desechar-- señaló que los negocios deberían encontrar los incentivos correctos para dejar de ver los excedentes o la merma como un número a reportar cada mes, en el mejor de los casos.
"Tenemos un gran reto, que es impulsar un reglamento que logre tener los incentivos correctos, tener las reglas adecuadas para que los negocios midan el problema y lo gestionen adecuadamente", indicó.
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