San Luis Potosí, SLP.- La iniciativa de "Plan B" electoral, en discusión a nivel federal, no tendría un impacto directo en las condiciones salariales del Tribunal Electoral del Estado, sin embargo, sus implicaciones deben analizarse con cautela, ya que podría modificar el funcionamiento del sistema democrático en su conjunto, consideró la magistrada Dennise Adriana Porras Guerrero, presidenta del organismo.
Destacó que, si bien existe una percepción generalizada de que las reformas buscan reducir privilegios, en el caso del tribunal potosino, en lo que respecta a las disposiciones sobre remuneraciones, no se vería afectado, ya que sus salarios están lejos del límite establecido a nivel federal.
Detalló que desde hace cinco años no se ha autorizado un incremento salarial para ningún funcionario del organismo, lo que ha impedido incluso compensar los efectos de la inflación: "Estamos muy por debajo de la media nacional, muy lejos del tope presidencial. No hemos tenido un aumento de un solo peso en cinco años”, afirmó.
Asimismo, precisó que el tribunal no cuenta con esquemas especiales de pensiones, ahorro o beneficios adicionales, por lo que los llamados “privilegios” que busca eliminar la reforma no aplican en este caso; sin embargo, la magistrada enfatizó que la reforma no puede evaluarse de forma aislada, ya que podría tener consecuencias en la estructura electoral y en la representación democrática.
Finalmente, consideró que existe un consenso social respecto a reducir costos en el sistema electoral, pero advirtió sobre el riesgo de debilitar instituciones clave: "Hay que tener cuidado con qué se debilita. El sistema democrático también busca garantizar la representación de las minorías”, concluyó.
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