San Luis Potosí, SLP.- La Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí ha dejado de ser vista únicamente como una señal de emergencia para convertirse en una herramienta de organización institucional. Así lo planteó la encargada de la política pública en materia de mujeres en la entidad, Gloria Serrato al señalar que este mecanismo no debe interpretarse como un reflejo permanente de crisis, sino como una ruta para coordinar acciones concretas en defensa de sus derechos.
Desde su activación en junio de 2017, la alerta fue concebida como una respuesta urgente ante un contexto de violencia, pero con el paso del tiempo ha evolucionado hacia un esquema más estructurado. Su función principal, explicó, es obligar a las autoridades a trabajar de manera conjunta bajo objetivos específicos, generando estrategias que permitan atender de forma más eficaz una problemática compleja.
En este sentido, destacó que uno de los cambios más relevantes ha sido la incorporación de indicadores medibles, lo que ha permitido evaluar avances reales y no solo discursos. Esta lógica, afirmó, ha fortalecido la coordinación entre dependencias y ha derivado en políticas públicas más claras, alejándose de prácticas improvisadas que prevalecieron en otros momentos.
Respecto a la posibilidad de que la alerta sea retirada, aclaró que esto no implicaría que la violencia haya sido erradicada. Más bien, significa que se han cumplido ciertos parámetros y que las acciones implementadas deben consolidarse como parte del funcionamiento habitual del gobierno. Es decir, el reto no termina, sino que se transforma en una responsabilidad permanente.
Bajo esta visión, medidas como la instalación de cámaras y botones de pánico en el transporte público son ejemplos de acciones que, independientemente del estatus de la alerta, deberán mantenerse e incluso reforzarse. La alerta, concluyó, ha servido también como una herramienta de presión social y legal que ha permitido ordenar esfuerzos y avanzar en la protección de las mujeres, marcando un paso hacia la institucionalización de estas políticas más que su cierre definitivo.