Este fenómeno continúa expandiéndose en el país y se ha convertido en un mecanismo de presión política y control territorial
Aunque 2025 no fue un año con elecciones federales, sí se realizaron comicios municipales en Veracruz y Durango, además de la elección judicial a nivel nacional, lo que mantuvo activos los riesgos de violencia contra actores políticos.
Veracruz y Guerrero concentran más incidentes
El análisis señala que Veracruz encabezó la lista de entidades con más incidentes, al registrar 104 casos durante el año. Le siguieron Guerrero con 34, Morelos con 32, Oaxaca con 29, Puebla con 26 y Guanajuato con 21. En estas entidades se combinan factores como disputas criminales, debilidad institucional y competencia política intensa, condiciones que aumentan el riesgo de agresiones contra candidatos, funcionarios y dirigentes partidistas.
Autoridades municipales, las más vulnerables
El informe destaca que 79.3% de los ataques estuvieron dirigidos a actores políticos del ámbito municipal, entre ellos alcaldes, regidores, funcionarios locales, aspirantes y dirigentes partidistas. Además, 49.2% de los incidentes correspondieron a homicidios dolosos, mientras que el resto incluyó amenazas, atentados con armas de fuego, secuestros y desapariciones.
San Luis Potosí fuera de los estados con mayor incidencia
En el caso de San Luis Potosí, el informe no lo ubica entre las entidades con mayor número de incidentes de violencia política durante 2025. Sin embargo, especialistas advierten que el fenómeno se ha extendido a gran parte del país, por lo que ningún estado está completamente exento de este tipo de riesgos, especialmente en periodos electorales.
El reporte también advierte que las propuestas actuales de reforma electoral no incluyen medidas específicas para atender la violencia política, lo que podría provocar que el fenómeno se intensifique en los próximos procesos electorales. De mantenerse las tendencias actuales, la consultora prevé que las elecciones de 2027 podrían registrar más asesinatos, amenazas, atentados y secuestros contra actores políticos, particularmente a nivel municipal.
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