San Luis Potosí, SLP.— La propuesta de una nueva reforma electoral y administrativa, conocida como el "Plan B" de la Cuarta Transformación, ha generado señales de alerta en el Poder Legislativo potosino. La diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, advirtió que la iniciativa de reducir sueldos y gastos en congresos y cabildos para financiar obra pública podría resultar contraproducente para los municipios con menores ingresos.
La legisladora señaló que la realidad financiera de los ayuntamientos en México es sumamente dispar, y que una aplicación generalizada de estos recortes ignoraría las limitaciones que ya enfrentan los gobiernos municipales más pequeños.
Rocha Medina fue enfática al señalar que muchos ayuntamientos operan actualmente en condiciones críticas, apenas logrando cubrir sus compromisos básicos.
"Hay muchos municipios que batallan incluso para pagar la nómina. No debe ser parejo, porque hay municipios con muy pocos recursos", expresó la diputada, subrayando que aplicar tijerazos presupuestales a estas administraciones podría agravar su situación de insolvencia.
En lugar de ajustar los cinturones de los gobiernos locales y los congresos, la presidenta del Congreso instó al Gobierno Federal a revisar su propio esquema de gastos. Sostuvo que el ahorro real debería provenir de la reevaluación de proyectos de gran escala que, desde su perspectiva, no han entregado los resultados sociales prometidos.
"Dejen de hacer obras faraónicas que hoy no funcionan, como el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles, y que esos recursos se destinen a lo que realmente necesita la ciudadanía", afirmó, proponiendo que sea el presupuesto federal el que se reoriente hacia las necesidades básicas antes de comprometer la operación de los cabildos.
Finalmente, la legisladora insistió en que cualquier reforma que busque modificar el manejo de los recursos públicos debe ser diferenciada. Para Rocha Medina, es imperativo considerar la capacidad recaudatoria de cada municipio y sus necesidades sociales específicas, evitando una fórmula única que termine por desmantelar la capacidad operativa de las zonas con mayor rezago.
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