Aguascalientes, AGS; El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes se pronunció para exigir que se garanticen las más altas condiciones de seguridad para las jóvenes que presuntamente fueron rescatadas en el marco de una investigación relacionada con supuestos casos de explotación.
A través de un posicionamiento público, se señaló que los hechos no pueden atribuirse únicamente a una persona detenida, ya que delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral suelen operar mediante redes más amplias.
De acuerdo con la organización, además de la posible explotación, en estos casos podrían estar involucradas otras conductas delictivas como amenazas, violencia física y psicológica, lesiones y engaños utilizados para trasladar a las víctimas de un lugar a otro.
El Observatorio indicó que, según la información disponible, algunas de las jóvenes rescatadas contaban con reportes de desaparición. Sin embargo, señalaron que hasta ahora existe poca claridad sobre su situación, su origen o el estado actual de comunicación con sus familias.
Aseguraron también que al menos en los casos de los que han tenido conocimiento, varias familias aún no cuentan con información completa sobre lo ocurrido ni sobre el estado de las jóvenes.
Asimismo, dicen que es necesario que las autoridades amplíen las investigaciones para determinar quiénes participaban o permitían el funcionamiento de estos espacios, así como identificar a posibles consumidores o a funcionarios que pudieran haber tenido conocimiento de las actividades.
El Observatorio subrayó que el sitio donde presuntamente operaban estos hechos se encontraba en una zona céntrica de la ciudad, cercana a avenidas y espacios concurridos, lo que —señalaron— abre cuestionamientos sobre la posible omisión o falta de detección por parte de distintas autoridades.
Además, hicieron un llamado a investigar si existen más víctimas que aún no hayan sido localizadas, al advertir que el reclutamiento con fines de explotación sexual o laboral, así como el trabajo forzado vinculado a grupos delictivos, son problemáticas presentes en la región.
Finalmente, la organización planteó que, si no existen condiciones suficientes para garantizar una investigación efectiva y segura a nivel local, se considere la intervención de la Fiscalía General de la República para fortalecer las indagatorias y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
