Rioverde, SLP. — Una funcionaria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y su socio, un conocido abogado de la región, fueron vinculados a proceso bajo la acusación de fraude específico. La pareja, que opera una firma inmobiliaria con presencia en Rioverde y Ciudad Fernández, es señalada por la presunta venta irregular de terrenos sin contar con la certeza jurídica de las propiedades.
El caso, integrado en el expediente de causa penal RIII/RIO/EXP-423/2025, estalló tras la denuncia de la señora Verónica "N", quien en abril de 2025 inició un proceso legal contra los propietarios de la firma tras ser víctima de un engaño que puso en riesgo el patrimonio de su familia y su estabilidad emocional.
De acuerdo con la relatoría de los hechos, la afectada adquirió un terreno ejidal ubicado a un costado del Canal Principal de la Media Luna. El contrato de cesión de derechos estipulaba un costo total de un millón 600 mil pesos. Sin embargo, tras haber liquidado más de la mitad del monto y realizar inversiones en el predio destinado a ser su casa de retiro, los vendedores comenzaron a "dar largas" respecto al traspaso legal de los derechos.
Ante las evasivas, la víctima realizó una investigación propia ante el Comisariado Ejidal y el Registro Agrario Nacional (RAN), descubriendo que los hoy imputados no cuentan con registro en el ejido ni título parcelario que los avale como dueños de los terrenos que ofertaron.
El abogado defensor de la víctima, Benito Alberto Juárez Hernández, lamentó que una de las personas investigadas ostente un cargo en la defensa de las garantías individuales.
“Es un hecho lamentable que una representante de Derechos Humanos presuntamente se preste para reducir el patrimonio de la gente a costa de engaños. Se supone que es la persona encargada de defender los derechos, no de vulnerarlos”, manifestó el litigante.
Tras la audiencia de oralidad, una jueza determinó que existen elementos suficientes para la vinculación a proceso por la probable participación en el delito de fraude genérico, además de considerar las afectaciones psicológicas causadas a la víctima.
Debido a que se tiene conocimiento de que existen más personas en situaciones similares con la misma inmobiliaria, el despacho jurídico del licenciado Juárez Hernández ha puesto a disposición asesoría legal gratuita para otros posibles agraviados a través de los números 487 110 79 53 y 487 102 23 90. El periodo de investigación complementaria ha comenzado a correr para reunir más pruebas y determinar la sentencia definitiva.
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