San Luis Potosí, SLP. — A pesar del optimismo gubernamental, el sector inmobiliario nacional advierte sobre retos estructurales que complican la expansión del programa federal Vivienda del Bienestar. Carlos Ramírez Capó, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Promoción y Desarrollo de Vivienda (CANADEVI), señaló que la falta de infraestructura básica y la excesiva burocracia municipal impiden que este esquema alcance la totalidad del territorio mexicano.
El líder empresarial subrayó que, aunque el programa está diseñado para atender a un segmento históricamente descuidado —trabajadores con ingresos de uno a dos salarios mínimos—, la ejecución física de las casas se enfrenta a carencias críticas en el suministro de energía eléctrica y volúmenes adecuados de agua potable.
Para la CANADEVI, el principal obstáculo para la inversión inmobiliaria sigue siendo la lentitud en las autorizaciones locales. Ramírez Capó enfatizó que cualquier desarrollo, sin importar sus dimensiones, depende de permisos municipales que, con frecuencia, no se conceden con la rapidez que requiere la demanda de vivienda social.
“La tramitología excesiva continúa como uno de los principales lastres. El desarrollo de vivienda tipo social es muy necesario, pero requiere agilizar procesos para ser viable”, apuntó el dirigente.
Esta visión contrasta con lo declarado recientemente por Rodrigo Chávez, director de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), quien afirmó que el programa avanza "sin contratiempos". No obstante, ambos coinciden en un punto crítico: la dependencia de factores externos. Mientras CONAVI supedita el éxito del programa a la donación de reservas territoriales por parte de los ayuntamientos, la CANADEVI insiste en que el terreno no es suficiente si no cuenta con la infraestructura técnica y jurídica para construir.
A pesar de los desafíos logísticos, el sector privado coincide en la relevancia del programa. Ramírez Capó reconoció que la Vivienda del Bienestar representa una oportunidad para cerrar la brecha habitacional en México, siempre y cuando se establezca una coordinación real entre los tres niveles de gobierno para dotar de servicios básicos a los predios y reducir los tiempos de espera en las oficinas de catastro y desarrollo urbano.
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