Tablero político
Cada 8 de marzo las calles se llenan de consignas, de rabia acumulada y de una pregunta que las potosinas llevan años sin responder, ¿por qué las mujeres tienen que gritar para que el Estado las escuche? Este año, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, la marcha del Día Internacional de la Mujer volvió a encender un viejo conflicto, la confrontación entre la protesta feminista y los símbolos religiosos que forman parte del patrimonio de la ciudad.
Las pintas y daños en el Templo de la Compañía de Jesús y otros recintos provocaron indignación en sectores católicos. El presbítero Jorge Aurelio Ramírez Torres anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía, mientras que al día siguiente se celebró una misa de desagravio en la vía pública para pedir perdón por los actos cometidos.
La escena es poderosa, la Iglesia reaccionando con rapidez ante los muros pintados de un templo.
Pero la pregunta incómoda surge inevitablemente, ¿dónde estuvo esa misma rapidez cuando las denuncias eran contra sacerdotes que violentaron a menores?
Los pecados que sí se denuncian… y los que se callan
La historia reciente de la Iglesia en San Luis Potosí tiene episodios que pesan más que cualquier pinta. El caso del ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista es uno de los más dolorosos, acusado de abusar sexualmente de al menos 20 menores durante décadas y hoy prófugo de la justicia.
Lo más grave no es solo el crimen, sino el silencio institucional. La propia arquidiócesis sabía desde 2012 de denuncias contra él. Aun así, se permitió que continuara ejerciendo su ministerio. A los padres denunciantes se les pidió firmar documentos de confidencialidad “ante Dios”, para mantener en secreto los delitos.
Mientras tanto, las víctimas crecían cargando el peso de un trauma que no se borra con pintura ni con restauraciones arquitectónicas.
La contradicción es brutal, cuando se daña una puerta de madera, la Iglesia anuncia denuncias inmediatas. Cuando se violentó a niños durante años, la respuesta fue la discreción, el silencio y la espera.
Esa doble moral es precisamente la gasolina que alimenta la rabia en las calles.
En medio de la marcha apareció una imagen que resume el conflicto, una niña sosteniendo un cartel que decía que los monumentos pueden arreglarse, pero una violación no.
Esa frase explica una práctica que incomoda a muchos, -la iconoclasia-. La destrucción o intervención de símbolos de poder no es un capricho estético; es una forma de protesta política. Cuando las instituciones fallan, los símbolos que representan esa autoridad se convierten en blanco de la indignación.
Para muchas feministas, las iglesias no son solo edificios históricos. Representan también una institución que durante décadas ha protegido a agresores dentro de su propia estructura.
Por eso, cuando el bloque negro incendia una puerta o pinta una fachada, el mensaje no es contra la fe de los creyentes. Es contra la impunidad.
La reacción social fue inmediata. Algunos ciudadanos celebraron la acción de la mujer que intentó proteger la catedral, convirtiéndola en símbolo de defensa del patrimonio religioso. Otros señalaron que ese acto confronta el sentido de la marcha feminista.
El conflicto refleja una fractura cultural profunda, para unos, los templos son patrimonio histórico y espiritual; para otras, son también símbolos de instituciones que han guardado silencio ante la violencia.
Pero la discusión se vuelve aún más incómoda cuando se recuerda que defender piedras no siempre implica defender a las víctimas.
Porque si alguien puede arriesgarse a proteger un edificio de 296 años, también cabría preguntarse dónde está esa misma indignación cuando una niña es violentada o cuando un sacerdote acusado de abusar de menores permanece prófugo.
La postura oficial de la arquidiócesis tampoco es monolítica. El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe ha reconocido públicamente algo fundamental, cuando no hay justicia, aparece la violencia.
Incluso ha señalado que las manifestaciones del 8M están justificadas porque buscan igualdad y seguridad para las mujeres. También ha afirmado que el daño a edificios históricos es menor frente al sufrimiento real de las víctimas de violencia.
Es una postura más compleja que la indignación inmediata de muchos fieles.
Y deja claro que el conflicto no es necesariamente entre la Iglesia institucional y el feminismo, sino entre sectores sociales que se niegan a confrontar las fallas morales de sus propias instituciones.
Las consignas más radicales que se escucharon en la marcha —“quémalo todo”— son incómodas. Pero ignorarlas no las hará desaparecer.
Esas palabras nacen de una realidad brutal, en México miles de mujeres desaparecen, son asesinadas o violentadas cada año. Muchas denuncias terminan archivadas, muchas investigaciones no avanzan, muchas víctimas jamás obtienen justicia.
En ese contexto, una pared pintada se vuelve un escándalo mediático, mientras que una vida destruida apenas ocupa una nota breve.
La desproporción es evidente.
Al final, el debate sobre si se deben o no pintar iglesias puede distraernos de lo esencial.
Un monumento se restaura.
Una puerta se reemplaza.
Una fachada se limpia.
Pero una niña abusada no recupera su infancia.
Una mujer asesinada no vuelve a casa.
Una víctima ignorada no recupera su dignidad con una misa.
La verdadera pregunta no es por qué las mujeres pintan y queman iglesias.
La verdadera pregunta es por qué tuvieron que llegar a hacerlo para que alguien volteara a verlas.
