La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este lunes el pago de pensiones complementarias para jueces y magistrados locales de Chihuahua, que dejaron sus cargos por la reforma judicial que provocó elecciones populares para el Poder Judicial.
Por cinco votos contra cuatro, pese al reclamo persistente de la Ministra Lenia Batres, la Corte rechazó una acción de inconstitucionalidad de diputados locales de Morena, que impugnaron la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal.
Dicha reforma estableció una pensión complementaria para jueces y magistrados que optaron por no participar en la elección judicial, solo aplicable para quienes tenían más de diez años en el puesto, pero aún no tenían la edad o antigüedad para tramitar la pensión ordinaria que corresponde a los burócratas de esa entidad.
La pensión complementaria es de 50 a 72 por ciento del ingreso que percibían los juzgadores cuando estaban en activo, lo que, según la acción ante la Corte, generó un trato diferenciado con quienes tenían menos de diez años, ya que estos solo pudieron cobrar el finiquito de tres meses de salario, más veinte días por año laborado.
La mayoría aprobó un proyecto de Arístides Guerrero, que consideró que los Estados están facultados para establecer prestaciones de este tipo para los jueces afectados por la reforma morenista.
"El gasto público está justificado y vinculado a la eficacia institucional, pues está dirigido a respetar los derechos humanos y laborales de las personas juzgadoras. La medida no vulnera el principio de economía, sino que previene daños mayores derivados de litigios o desprotección laboral, en línea con una perspectiva de racionalidad financiera", dice la sentencia.
Alrededor de cien jueces y magistrados estatales de Chihuahua rechazaron participar en la elección, aunque se desconoce cuántos cumplían los requisitos para la pensión complementaria.
En dos intervenciones, Batres consideró grave que la actual Corte asuma la narrativa de que la reforma judicial violó el derecho de inamovilidad de los juzgadores.
"Es una línea de pensamiento de la que creo yo no deberían estas ministros y ministros ser parte, dado que provenimos de este proceso judicial electivo", dijo Batres al acusar "muchos abusos" de previas integraciones.
"La reforma Constitucional no ordenó la creación de un régimen de privilegios para trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial".
Incluso mencionó a sus ex colegas Margarita Ríos-Farjat y Juan Luis González Alcántara, los dos designados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que renunciaron a la Corte, como parte de quienes afirmaron que la reforma violó la inamovilidad judicial.
A fin de cuentas, solo el presidente Hugo Aguilar, Sara Herrerías e Irving Espinosa apoyaron a Batres.
Cabe recordar que, a nivel federal, las pensiones complementarias de jueces y magistrados, adicionales a lo que reciben del ISSSTE, eran financiadas por fideicomisos que ya desaparecieron, por lo que su pago quedó a voluntad de la Cámara de Diputados en los presupuestos anuales.
