La impartición de justicia en San Luis Potosí enfrenta un reto importante: resolver decenas de miles de conflictos legales cada año con un número limitado de personas juzgadoras.
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a propósito del Día de las Personas Juzgadoras, difundidas por el INEGI con motivo de la conmemoración del 7 de marzo, fecha que recuerda la instalación del Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana en 1815, en la entidad existen 2.6 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, una proporción que refleja la presión que enfrentan los tribunales estatales para atender la demanda de justicia. Las personas juzgadoras, entre ellas jueces, juezas, magistrados y magistradas, son las encargadas de resolver disputas legales en materias como civil, mercantil, familiar y penal dentro del Poder Judicial estatal.
SLP entre las tasas más bajas del país
Las cifras colocan a San Luis Potosí dentro del grupo de entidades con menor disponibilidad de impartidores de justicia, junto con estados como Chiapas y Puebla, donde también se registran las tasas más bajas del país. En contraste, las entidades con mayor número de jueces por cada 100 mil habitantes son Campeche, con 10.2, seguido de Chihuahua con 7.5, y Nayarit con 7.2. La diferencia entre estados refleja las desigualdades que existen en la capacidad de los sistemas judiciales locales para atender los casos que llegan a tribunales.
Materias con mayor concentración de jueces
A nivel nacional, el desglose por áreas muestra que más de la mitad de las personas juzgadoras se desempeñan en materias civiles y mercantiles, que concentran el 54% del total. En tanto, el 26.9% trabaja en materia familiar, el 13.8% en materia penal, mientras que el resto corresponde a materia laboral. Este indicador permite dimensionar la distribución del trabajo dentro de los poderes judiciales, así como la especialización de los tribunales para atender distintos tipos de conflictos legales.
Miles de expedientes cada año
El informe estadístico del INEGI también revela la magnitud de los asuntos que llegan a los tribunales potosinos. Durante el último registro, los órganos jurisdiccionales de primera instancia en San Luis Potosí atendieron 44 mil 613 asuntos, lo que muestra el volumen de conflictos legales que requieren resolución judicial en la entidad.
La mayoría de estos expedientes se concentran en materias relacionadas con la actividad económica y las relaciones entre particulares. La distribución de los casos fue la siguiente: 47.2% en materia mercantil; 36.5% en civil; 10.9% en familiar; 5.4% en otras materias. Esto significa que casi ocho de cada diez asuntos que llegan a los tribunales del estado corresponden a conflictos mercantiles o civiles, como disputas por deudas, incumplimientos de contratos o controversias entre particulares.
La justicia local, primera puerta para la ciudadanía
A nivel nacional, el INEGI reporta que la mayor parte de los procesos judiciales del país se resuelven en el ámbito estatal, lo que convierte a los poderes judiciales locales en la principal vía de acceso a la justicia para la población. Esto implica que tribunales como los de San Luis Potosí deben atender una amplia variedad de casos que van desde conflictos familiares hasta controversias comerciales. La carga de trabajo de los juzgadores es un elemento clave para el funcionamiento del sistema judicial, ya que de ello depende la rapidez con la que se resuelven los expedientes y el acceso efectivo de la ciudadanía a la justicia.
Brecha de género en el Poder Judicial
El reporte del INEGI también advierte que la participación de las mujeres dentro del sistema judicial todavía enfrenta retos; aunque cada vez más mujeres ocupan cargos dentro de los tribunales, su presencia en puestos de mayor jerarquía aún no alcanza niveles de paridad, especialmente en los cargos más altos dentro de los poderes judiciales. Esta situación forma parte de los desafíos que enfrenta el sistema judicial mexicano para avanzar hacia una mayor equidad en la integración de sus órganos jurisdiccionales.
Falta de jueces y personal retrasa la impartición de justicia
Al respecto de esta situación la magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), reconoció recientemente que el sistema judicial en la entidad enfrenta un déficit de jueces y personal administrativo, situación que ha generado rezagos en la resolución de expedientes y una mayor carga de trabajo en los juzgados.
Destacó que uno de los principales problemas que enfrenta el Poder Judicial es la falta de personal clave, como secretarios de acuerdos y actuarios, lo que provoca que algunos juzgados operen con recursos limitados y que una sola persona tenga que asumir múltiples funciones dentro de los procesos judiciales.
Buscan nuevas contrataciones
Zarazúa Martínez indicó que el Poder Judicial del estado analiza abrir convocatorias para la contratación de más personal, particularmente secretarios de acuerdos y actuarios, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa de los juzgados. La intención es fortalecer la estructura de los tribunales para reducir los retrasos en la resolución de casos y mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía.
Un sistema bajo presión
En el caso de San Luis Potosí, la baja proporción de personas juzgadoras frente a la población podría traducirse en mayores cargas de trabajo para los tribunales y tiempos más largos en la resolución de expedientes. Las cifras evidencian que la impartición de justicia en San Luis Potosí se desarrolla en un contexto de alta demanda. La combinación de un número limitado de personas juzgadoras y un volumen considerable de expedientes representa un reto para el sistema judicial, que debe garantizar resoluciones oportunas y eficientes para miles de ciudadanos que recurren a los tribunales cada año.
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