En México, lamenta la activista y comunicadora Angie Contreras, los derechos de las mujeres dependen del código postal.
Tan sólo en cuanto al derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, persisten en diferentes regiones del País barreras en el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció en septiembre de 2021 que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional.
"El no poder decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestra autonomía, es también una forma de violentarnos", advierte en entrevista telefónica Contreras, vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, iniciativa que desde 2020 ha fungido como una plataforma de comunicación, acompañamiento y acción colectiva en defensa de los derechos de las mujeres.
Bajo la consigna de que "Decidir no es un crimen", este movimiento emprendió el año pasado una campaña permanente de recolección de firmas para que el aborto sea retirado del Código Penal Federal, donde el texto de los artículos 329 a 334 sanciona con prisión a la mujer o personal de salud que realice la interrupción de manera consentida.
"Al final, saber que sigue en el Código Penal limita la decisión; () una chica que busca información tiene hasta miedo de acercarse a preguntar a las instancias de salud pública por el estigma: qué van a decir, van a hablarle a la Policía, no me van a querer atender", apunta Contreras.
"Sabemos que las cifras de mujeres detenidas, encarceladas, por un aborto no son grandes, pero también nos hemos dado cuenta que en algunos estados se les detiene por otros delitos, por ejemplo: homicidio culposo", agrega la activista.
Alrededor de 680 mujeres fueron denunciadas por abortar entre enero de 2012 y diciembre de 2022, de acuerdo con datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). En el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se registraron 5 mil 130 carpetas de investigación por el delito de aborto de enero de 2015 a diciembre de 2022.
De las 66 personas en prisión preventiva por ese mismo delito entre 2012 y 2022, 14 fueron mujeres; en el mismo periodo, se ejerció acción penal contra 145 mujeres, y en 32 casos se emitió una sentencia.
"Por eso la insistencia en que necesitamos hablar de aborto como un tema de salud pública para todo el País", remarca Contreras. "Es un tema de salud pública y tiene que garantizarse, porque sólo así podremos decidir con libertad".
Durante la movilización de este 8M, Mujeres Vivas, Mujeres Libres volverá a tener un estand sobre Paseo de la Reforma para quienes deseen sumar su firma a esta campaña, que eventualmente llevarán a las tomadoras de decisión. También se puede participar de forma virtual desde el sitio en línea www.vivasylibres.com/firma-la-peticion.
Contra mitos y retrocesos
En pleno 2025, el tema de la interrupción legal del embarazo continúa rodeado de prejuicios y desinformación.
"Una de las constantes es que en cuanto se despenalice por completo, cuando se saque del Código Penal, las mujeres vamos a ir casi, casi en maratón a abortar. Y no", desmiente Contreras.
Otra inquietud frecuente es el temor a no poder ser madres en el futuro si se han sometido antes a la ILE.
"O también: 'Si aborto es porque yo no quiero o yo odio a las madres'. Y no, para nada; hablar de aborto es hablar de en qué momento quiero yo ejercer una maternidad libre y deseada. Y para nada limita el poder decidir ser madre en cualquier otro momento", subraya la vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres.
Por el contrario, las barreras en el acceso a información confiable puede derivar en que se sigan recomendaciones y prácticas riesgosas difundidas por fuentes a la mano en internet.
"Por eso, otra vez, necesitamos que sea un tema de salud pública para que (las mujeres y personas gestantes) puedan acceder a servicios gratuitos, dignos y que no las pongan en riesgo", insiste Contreras.
El uso del "Estándar de Oro", método con mifepristona y misoprostol avalado por la OMS y Cofepris, y el cual tiene una eficacia del 98 por ciento y mínima tasa de complicaciones, es una opción segura para las personas que desean llevar a cabo la ILE.
Finalmente, Contreras reconoce que hay una insistencia de personas o grupos antiderechos "que quieren ver esas ideas reflejadas en políticas públicas, en reformas y en leyes".
"Yo entiendo que va a haber una diversidad de opiniones y de ideas, eso es parte de lo rico de la pluralidad; pero nunca las reformas, nunca las leyes y nunca las políticas deben ir en retroceso de los derechos ya ganados", apunta.
"Ante esos intentos de retroceso seguimos siendo las mujeres desde las colectivas, las maestras, las acompañantes de aborto, las abogadas, las psicólogas, las madres, las madres buscadoras, quienes nos organizamos para seguir defendiendo esos derechos que nos han costado mucho trabajo ganarlos, garantizarlos y mantenerlos".
En el conversatorio "Preguntas incómodas rumbo al 8M", realizado esta semana en Boom Art Haus, Mujeres Vivas, Mujeres Libres se unió a otras organizaciones, incluida Católicas por el Derecho a Decidir, cuya labor ilustra que la fe o el sistema de creencias no tiene por qué estar peleado con los derechos.
"Ellas han hecho un trabajo maravilloso justo en explicar que, al final, el amar al prójimo también es respetar las creencias y las decisiones que tomamos las personas, y no violentarlas por eso", concluye Contreras.
