Las recientes resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y tribunales locales han encendido las alarmas sobre el futuro de la libertad de expresión y la privacidad en México, alertó la organización Artículo 19.
En un posicionamiento indicó que al sancionar conversaciones privadas de WhatsApp y críticas sobre la trayectoria de candidatos judiciales, las autoridades electorales están cruzando una línea riesgosa para la deliberación democrática.
Artículo 19 refirió dos casos, uno de ellos proviene de la Sala Regional Guadalajara (SG-JDC-17/2026). El tribunal determinó que las expresiones vertidas en conversaciones privadas de WhatsApp pueden ser objeto de análisis y sanción si se considera que constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).
"Este criterio abre interrogantes relevantes sobre el alcance de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, protegida por el artículo 16 constitucional", alertó.
El segundo caso involucra a Miguel Alfonso Meza, director de la organización civil Defensorxs y de la iniciativa de denuncia de narcopolíticos, sancionado por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (PES-420/2025).
Meza cuestionó la idoneidad de una candidata a juzgadora basándose en su pasado profesional como parte de la defensa legal de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Artículo 19 indicó que pese a que la crítica se centró en su trayectoria técnica y no en su condición de mujer, las autoridades ordenaron: eliminar los contenidos de redes sociales, emitir una disculpa pública e inscribir al activista en el registro de personas sancionadas por VPMRG.
Para la organización, este uso del derecho sancionador "tergiversa y abusa" de la protección a las mujeres para blindar a candidatos del escrutinio público.
"Ambos casos reflejan la expansión del uso del derecho sancionador electoral para intervenir en expresiones vinculadas al debate público, particularmente en entornos digitales y redes sociales", agregó.
