Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados prevén aprobar sin cambios el dictamen de la reforma electoral.
Los legisladores aún no han sido convocados a reunión para discutir y aprobar el proyecto que comenzó a circular la madrugada de este viernes, pero se prevé que será a inicios de la próxima semana.
El proyecto de dictamen reduce el cálculo del financiamiento ordinario de los partidos políticos al pasar del 65 por ciento de la UMA por cada ciudadano del padrón electoral a 48.75 por ciento.
No obstante, mantiene la fórmula que establece que 30 por ciento del financiamiento se repartirá de forma igualitaria y el 70 por ciento restante según la votación obtenida.
El proyecto reduce el número de legisladores y modifica el mecanismo de designación de curules plurinominales.
Para la Cámara de Diputados señala que seguirá integrada por 500 legisladores, de los cuales 300 serán de mayoría relativa y 200 plurinominales que serían designados mediante dos nuevos mecanismos.
De acuerdo con la propuesta, 100 espacios serían para los "mejores perdedores", es decir, aquellos candidatos que no ganaron en el distrito, pero obtuvieron el mejor porcentaje de votos y 100 más serían electos mediante votación directa en circunscripciones regionales.
En el caso del Senado, la propuesta reduce de 128 a 96 su número de integrantes, al eliminar las 32 senadurías plurinominales.
En materia de financiamiento y fiscalización prohíbe de forma expresa recibir recursos de Gobiernos y organismos extranjeros y de personas residentes fuera de México.
Agrega que todas las aportaciones privadas deberán hacerse vía el sistema financiero, prohíbe las aportaciones en efectivo y establece la obligación de bancos e instituciones financieras de reportar operaciones relacionada con campañas al INE.
Agrega que los ingresos, egresos y demás operaciones financieras de partidos políticos nacionales y locales, precandidatos y candidatos, incluyendo los independientes, deberán ser reportados y avisados cotidianamente para fines de fiscalización.
Prohíbe también financiarse y operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas y obliga a autoridades de seguridad, de justicia y de inteligencia financiera, a coordinarse con la autoridad electoral nacional para proporcionar información relacionada con el registro de candidaturas, que resulten relevantes para salvaguardar la integridad del proceso electoral.
La iniciativa, cuyo dictamen circulan desde la madrugada, propone reducir los tiempos de radio y televisión para propaganda electoral de 48 minutos diarios a 35 minutos diarios e introduce disposiciones en materia de inteligencia artificial.
Establece que todo contenido relacionado a los procesos electorales modificado o alterado con este tipo de tecnología, deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación y que las personas concesionarias de radio y televisión y plataformas de servicios digitales serán responsables de identificar y evitar su difusión, así como advertir sobre contenido no etiquetado.
La ley establecerá las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables.
En materia de escrutinio y cómputos, señala que iniciarán a partir de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los Consejos Distritales.
Agrega que se podrá incluir el uso de tecnologías de la información y comunicación en la emisión del voto en consultas populares.
Sobre acciones afirmativas, plantea que la selección y postulación de candidaturas, los partidos y autoridades electorales garantizarán acciones afirmativas a favor de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y grupos históricamente subrepresentados.
Además, en los artículos transitorios plantea que las remuneraciones de servidores públicos del INE, de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales estatales y de la Ciudad de México no podrán ser mayores a la de la Presidenta a partir del ejercicio 2027.
La reforma establece que el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales deberán aprobar, a más tardar el 15 de mayo de 2026, las leyes, reformas y modificaciones necesarias para ajustar el marco jurídico.
En ese mismo plazo, el INE deberá expedir los acuerdos, lineamientos y demás instrumentos normativos necesarios.
