San Luis Potosí, SLP.- Las inconformidades dentro de la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no se detienen en las aulas. A poco menos de tres meses de iniciado 2026, la Defensoría de los Derechos Universitarios ya registra alrededor de 65 quejas, lo que refleja un ritmo cercano a cinco casos por semana.
La cifra perfila un año con una dinámica similar a la de 2025, cuando el organismo cerró con 270 expedientes abiertos. Aunque el debate público suele centrarse en la violencia de género, la realidad cotidiana que llega a la Defensoría es mucho más amplia.
De acuerdo con Olivia Salazar Flores, encargada del despacho, los asuntos que se presentan abarcan desde posibles actos de discriminación y faltas de respeto hasta decisiones que integrantes de la comunidad consideran arbitrarias dentro del entorno universitario. Las inconformidades pueden provenir tanto de estudiantes como de personal académico y administrativo.
Uno de los temas más frecuentes tiene que ver con las evaluaciones académicas. Estudiantes que no están conformes con sus calificaciones buscan la intervención del organismo; sin embargo, la Defensoría no tiene atribuciones para modificar notas, por lo que su papel se limita a brindar acompañamiento y orientación para que los casos se revisen ante las autoridades de cada facultad.
A esta lista se suman nuevos escenarios de conflicto que ya alcanzaron el entorno digital. Durante este año se han documentado al menos un par de casos de hostigamiento a través de redes sociales desde cuentas anónimas. Salazar Flores precisó que no se trata de acoso sexual, sino de asedio digital. Ante ello, la Defensoría busca coordinarse con la Policía Cibernética para tratar de identificar a los responsables y que la universidad determine las acciones correspondientes.
Los expedientes también incluyen desacuerdos derivados de decisiones administrativas, como reasignación de actividades, cambios de oficina o modificaciones en las funciones del personal. En estos casos, la Defensoría analiza si las determinaciones cuentan con sustento en la normativa universitaria y la legislación laboral; cuando detecta irregularidades, interviene para corregirlas, y cuando las decisiones están justificadas, orienta a las personas involucradas sobre el marco legal aplicable.
Con 65 expedientes abiertos en el arranque del año, la Defensoría mantiene una carga constante de atención, reflejo de una comunidad universitaria donde los desacuerdos no sólo persisten, sino que ahora también se trasladan al terreno digital.
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