La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y los principales fiscales de otros 23 estados presentan una nueva demanda para bloquear el régimen arancelario global del Presidente Donald Trump, tan solo días después de que una histórica decisión de la Corte Suprema anulara su iniciativa anterior, reportó CNBC.
La demanda, presentada hoy ante el Tribunal de Comercio Internacional, busca declarar ilegales los últimos aranceles de Trump y ordenar reembolsos a los estados.
El mes pasado, la Corte Suprema invalidó la mayoría de los amplios aranceles del "Día de la Liberación" implementados por Trump el año pasado, argumentando que su uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles fue indebido.
Pero el Presidente intentó mantener vigente su política emblemática anunciando de inmediato una nueva ola de aranceles, basados en otra ley, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Ese arancel global está actualmente fijado en el 10%, pero la administración Trump ha dicho que planea aumentarlo al 15%.
"Tras el rechazo de la Corte Suprema a su primer intento de imponer aranceles radicales, el presidente está provocando un mayor caos económico y esperando que los estadounidenses paguen la factura", declaró James a la CNBC.
"El Presidente Trump está ignorando la ley y la Constitución para aumentar los impuestos a los consumidores y las pequeñas empresas", afirmó.
En su demanda, James y la coalición argumentan que Trump está haciendo un uso indebido de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que, según afirman, fue diseñada para abordar desequilibrios monetarios específicos que eran posibles cuando Estados Unidos se regía por el patrón oro, en lugar de combatir los desequilibrios comerciales.
Los fiscales generales también sostienen que los aranceles violan el principio constitucional de separación de poderes, que otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles, y que los gravámenes de Trump violan los requisitos de la Ley de Comercio de 1974, que exigen su aplicación uniforme en todos los países.
Según James, esta iniciativa es un "claro intento de eludir el fallo de la Corte Suprema en el caso contra los aranceles impuestos bajo la IEEPA".
