San Luis Potosí, SLP.- A más de un año de que el aborto fue despenalizado en San Luis Potosí, tras la reforma aprobada el 7 de noviembre de 2024 por el Congreso del Estado para permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas sin responsabilidad penal, el derecho existe en el papel, pero en la práctica continúa enfrentando barreras estructurales, médicas y territoriales.
Aunque hospitales públicos del IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE ya realizan la Interrupción Legal del Embarazo,, activistas señalan que el acceso aún no es equitativo ni uniforme en todo el estado. La principal problemática, advierten, es la objeción de conciencia ejercida por parte del personal médico.
“Lo realizan en hospitales públicos del IMSS BIENESTAR, IMSS e ISSSTE, pero se pide que haya más accesibilidad, más hospitales que lo brinden. Hemos notado que mucho personal médico es objetor de conciencia y muchas veces esa objeción no está respaldada con algo de sustento; es un tema moral en el que el personal se escuda, y esta es la principal barrera”, aseguró Nuria Serrano, representante del colectivo ILE.
Uno de los focos rojos se encuentra fuera de la capital. De acuerdo con colectivas defensoras de los derechos de las mujeres, municipios como Rioverde y Ciudad Valles concentran el mayor número de solicitudes para acceder a la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, las unidades médicas que garantizan el procedimiento se ubican principalmente en la capital potosina.
Esto obliga a mujeres de la Huasteca y de la zona Media a trasladarse a la ciudad, asumir gastos de transporte, alimentación y, en algunos casos, hospedaje. Para muchas, el costo económico se convierte en un obstáculo adicional.
“Se tienen que venir a la capital y es lo que no tiene que seguir, porque tienen que gastar de sus recursos en vez de que pongan una unidad médica en su municipio que las atienda”, expresó Serrano.
Activistas advierten que el miedo, el estigma y la falta de recursos para viáticos provocan que algunas mujeres desistan o recurren a métodos inseguros, pese a que el procedimiento ya es legal.
Ante la resistencia de parte del personal médico, colectivas han impulsado capacitaciones dirigidas a doctores y trabajadores de la salud para que el acompañamiento al aborto se realice de manera objetiva, profesional y sin prejuicios.
El objetivo es claro, que la objeción de conciencia no se convierta en una barrera sistemática que limite el acceso a un derecho reconocido por ley.
De acuerdo con autoridades estatales de salud, durante el primer año tras la despenalización se realizaron poco más de 130 interrupciones legales del embarazo en todo el estado a través del sistema estatal. La Secretaría de Salud reportó 132 procedimientos, mientras que el IMSS contabilizó al menos 71 en el mismo periodo.
La mayor parte de las intervenciones se efectuaron en el Hospital del Niño y la Mujer, en la capital, lo que confirma la centralización del servicio y la necesidad de ampliar la cobertura en otros municipios.
La despenalización del aborto en San Luis Potosí representó un avance histórico en la autonomía y los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, el desafío actual no es jurídico, sino operativo y cultural, garantizar que el derecho pueda ejercerse sin obstáculos, sin estigmas y sin desigualdad territorial.
Pese a las críticas de quienes consideran que “esas no son las formas”, han sido precisamente las marchas, las colectivas y la organización feminista las que han logrado abrir espacios y conquistar derechos que durante años fueron negados. La historia reciente demuestra que cada avance ha sido producto de la exigencia constante.
Hoy, el reto es que la despenalización no se quede en el decreto, sino que se traduzca en acceso real, cercano y digno para todas las mujeres del estado, sin importar si viven en la capital o en los municipios más alejados. Porque un derecho que no puede ejercerse plenamente, sigue siendo una deuda pendiente.
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