Guillermo Malpica, director de Alianza In México, consideró que su aprobación se hizo sin una discusión pública adecuada y sin consultar a las partes afectadas
La aprobación de un impuesto de 2 por ciento a las plataformas digitales de reparto en Aguascalientes generó inquietud entre empresas, repartidores y comercios debido a los posibles efectos económicos y legales, incluso de impacto internacional.
Guillermo Malpica, director de Alianza In México, consideró que su aprobación se hizo sin una discusión pública adecuada y sin consultar a las partes afectadas.
Con ello, dijo, pone a Aguascalientes como la segunda entidad en el País, después de la Ciudad de México, donde ocurre una medida similar, la cual fue impugnada por las plataformas, llevando el caso hasta la Suprema Corte, la cual validó el impuesto.
"Ese antecedente abrió la puerta para que otros estados intenten replicar el esquema", señaló.
Consideró que este impuesto podría generar conflictos internacionales, ya que el gravamen podría contravenir disposiciones del T-MEC, especialmente en los capítulos de comercio digital y competencia, al discriminar a las plataformas frente a otros esquemas de reparto.
Asimismo, recordó que la OCDE ha pedido cautela a los países ante la falta de consenso internacional sobre impuestos específicos a plataformas digitales.
Según cifras compartidas por Alianza In México, en Aguascalientes se realizan alrededor de 300 mil pedidos al mes, operan alrededor de 12 mil repartidores y cerca de 9 mil restaurantes, 80 por ciento de ellos son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
Tras el impuesto, advirtió, esperan alza en los costos y precios y mayor tiempos de espera de los servicios de entrega.
"El primer efecto es un aumento en los costos para toda la cadena de valor: plataformas, repartidores y negocios. Eventualmente, esto también puede trasladarse al consumidor final", advirtió.
Entre los posibles impactos están mayores tiempos de espera, reducción en la oferta de repartidores conectados y una eventual caída en la demanda.
El directivo subrayó que, aunque el porcentaje parezca marginal, en un mercado altamente competido y de márgenes estrechos, "cualquier costo adicional tiene un efecto relevante sobre la viabilidad financiera".
El impuesto fue aprobado el 19 de febrero y actualmente se encuentra en manos del Ejecutivo estatal para su promulgación. En ese contexto, Malpica hizo un llamado directo a la gobernadora María Teresa Jiménez para que considere los efectos negativos de la medida antes de firmarla.
