La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificará el próximo 5 de marzo la Opinión Consultiva 30 de 2025, solicitada por México en relación a la responsabilidad de los Estados en materia de derechos humanos frente al tráfico ilícito de armas de fuego. El anuncio fue difundido por el propio tribunal en sus redes sociales, donde precisó que la resolución será dada a conocer a las 8:30 horas, tiempo de Costa Rica, y transmitida en vivo.
La opinión consultiva fue solicitada por el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador en noviembre de 2022, en relación con las actividades de empresas privadas de la industria de armas y sus efectos en los derechos humanos. El Estado mexicano pidió al tribunal que se pronuncie sobre la falta de debida diligencia y sobre prácticas negligentes o intencionales que facilitan el tráfico ilícito y la disponibilidad indiscriminada de armas, lo que —sostuvo— incrementa la violencia en la región.
Durante el procedimiento, la Corte convocó a Estados, instituciones, organizaciones civiles y especialistas a presentar observaciones. De acuerdo con la información oficial, se recibieron más de 60 escritos, entre ellos de representantes de Bolivia, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos.
En una audiencia pública realizada en noviembre de 2023, el Estado mexicano argumentó que existe “una situación de emergencia compartida” por varios países debido a la amplia disponibilidad de armas de fuego y planteó la necesidad de analizar el papel de actores privados en la posible generación de violaciones a derechos humanos.
Alejandro Celorio, ex consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y responsable en su momento de la solicitud ante el tribunal interamericano, señaló que esta acción forma parte de “la amplia estrategia legal para combatir el tráfico de armas desplegada a partir de 2019”. Añadió que la Corte “resolverá 5 de marzo”.
El procedimiento consultivo corre en paralelo a las demandas presentadas por México en tribunales estadunidenses. En junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó de manera unánime la demanda interpuesta en 2021 contra fabricantes de armas. En tanto, una segunda demanda contra vendedores en Arizona continúa su curso ante la justicia de ese país.
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